Hay escenas que parecen menores y, sin embargo, dicen más sobre una ciudad que cualquier auditoría. A las cinco de la mañana —cuando el año apenas se despereza y la ciudad sigue en pausa—, ciudadanos de Monterrey ya estaban formados para pagar el impuesto predial. No era protesta ni ceremonia cívica. Era fila. Y la fila, en política fiscal, también habla.
Pese a los ajustes aplicados en 2026, muchos decidieron empezar el año cumpliendo. Madrugaron, llegaron antes de la hora oficial y obligaron a la autoridad a abrir puertas anticipadamente. La ciudadanía se adelantó, la administración reaccionó. No es una anécdota simpática, es una radiografía. La responsabilidad suele exigirse hacia abajo y cobrarse puntual; la coherencia, cuando aparece, lo hace a deshoras.
Durante meses, el PRIAN llenó micrófonos y comunicados con la cantaleta de la disciplina financiera, del cuidado del bolsillo ciudadano y del rechazo a los endeudamientos. Un discurso sobrio, casi ascético. Hasta que el Presupuesto estatal no se acomodó a sus intereses. Ahí, sin demasiada explicación, la disciplina se volvió opinable y el bolsillo ajeno, perfectamente elástico.
En Monterrey, la decisión tuvo nombre y firma. El alcalde Adrián de la Garza encabezó en 2026 la aplicación de un aumento al predial que el año anterior había sido contenido por considerarse desproporcionado. Hoy, sin negociación ni aviso previo —porque avisar también implica reconocer al contribuyente como algo más que una caja registradora—, el alza cayó como sorpresa amarga sobre miles de familias. No por accidente. Por decisión.
El contraste es difícil de ignorar, aunque se intente. Los mismos actores que predicaban austeridad impulsaron incrementos generosos para organismos bajo su control y buscaron deuda para municipios aliados. La coherencia quedó en pausa. Lo que no se detuvo fue la urgencia recaudatoria. Cuando el discurso estorba, se archiva; cuando los números aprietan, se cobra. Así de simple, así de viejo. El primer pago registrado a las 05:22 horas resume la paradoja. Habla de una cultura contributiva resistente, casi obstinada, que sobrevive incluso a la incongruencia política. Se paga, aunque suba. Se paga, aunque no se avise. Se paga porque el ciudadano entiende el contrato fiscal, aun cuando el poder lo reescribe según la coyuntura.
La expectativa oficial es superar la recaudación del año pasado. El dato importa, pero queda incompleto sin la pregunta elemental —y nunca respondida—: ¿Qué recibe la ciudad a cambio de esa puntualidad ahora más cara? Porque el predial no es una dádiva ni un gesto voluntarista, es un contrato. El ciudadano cumple a primera hora. El Gobierno municipal, con su alcalde al frente, debería cumplir el resto del año. No a ratos. No a medias.
El llamado predialazo no es una fatalidad técnica ni una consecuencia inevitable del contexto económico, es una decisión política y revela prioridades. Y esas prioridades, otra vez, no parecen estar del lado del ciudadano. La gente madrugó para pagar. El poder madrugó para cobrar. Lo que sigue, si todavía existe alguna noción de equilibrio, tendría que ser un año entero de cuentas claras. Porque cuando el cumplimiento siempre es puntual de un solo lado, lo que se erosiona no es la recaudación, es la confianza. No por mucho madrugar amanece más temprano para el ciudadano porque, desde el poder, para uno que madruga hay otro que no se acuesta. Moraleja: al que madruga… lo madrugan.
