En el PEF 2026, la inversión federal vuelve a concentrarse en nodos estratégicos: la Ciudad de México como centro administrativo atípico; estados energéticos como Tabasco, Veracruz y Campeche; corredores logísticos que responden a la hoja de ruta de infraestructura del sexenio. Los datos oficiales del gasto de inversión georreferenciado confirman una realidad estructural: una porción mayoritaria de los recursos se acumula en pocas entidades, con la capital del país y con territorios donde se asienta la infraestructura estratégica ocupando posiciones de privilegio.
Desde Palacio Nacional se añadió una variable discursiva que ayuda a entender mejor cómo se cruza inversión, disciplina fiscal y poder político. En La Mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó una advertencia que pasó casi como comentario técnico, pero que en realidad opera como criterio de política pública: los gobiernos estatales no pueden solicitar deuda elevada. En referencia directa al gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda, señaló que Nuevo León arrastra compromisos y pedir más recursos o respaldo extraordinario es inviable.
Cuando se observa la concentración del gasto de inversión federal en entidades con baja presión financiera estructural —o con proyectos estratégicos directamente operados por el Gobierno federal— aparece un patrón que no es de favoritismo burdo, sino de preferencia por territorios fiscalmente controlables y funcionales a la agenda nacional de infraestructura. Nuevo León es el ejemplo más visible de esta frontera invisible. A pesar de ser una de las economías estatales más dinámicas del país y de figurar en posiciones relevantes del ranking de inversión federal (los estados morenistas encabezan el top ten), el tipo de recursos que recibe se concentra en infraestructura hídrica, mantenimiento y proyectos de retorno social inmediato, no en los grandes ejes energéticos que definen la narrativa transformadora del sexenio.
En contraste, los estados con menor presión de deuda relativa y fuerte inserción en la agenda federal —energía, logística, conectividad— sí se convierten en polos de concentración de capital público. No porque gobierne el oficialismo en automático, sino porque son territorios donde el Gobierno federal ejecuta directamente su proyecto de desarrollo sin negociar pasivos locales ni asumir riesgos financieros heredados. Por eso el sesgo real opera como sesgo de viabilidad fiscal y control estratégico. En un sistema federal donde la presión financiera varía de forma marcada entre gobiernos aliados y gobiernos de oposición, el efecto práctico termina siendo una redistribución de las grandes apuestas de inversión hacia territorios políticamente compatibles y fiscalmente disciplinados bajo los parámetros del centro.
Así, el “Presupuesto no castiga”, selecciona. Y, al hacerlo, va construyendo una geografía de desarrollo que coincide en buena medida con el mapa político del oficialismo, sin necesidad de convertirlo en consigna partidista. Cuando la Presidenta habla de deuda, habla de responsabilidad financiera, pero el Presupuesto, en silencio, traduce ese concepto en geografía del poder. Y esa geografía, como muestran los números de inversión federal de 2026, está redefiniendo qué estados serán los motores del nuevo ciclo económico y cuáles permanecerán orbitando alrededor de ellos. La reciente visita de la Presidenta a Tamaulipas (Morena) dejó una bolsa de 23 mil millones de pesos; para Nuevo León (Movimiento Ciudadano), 197.5 millones de pesos (para Tamaulipas 11,546% mayor que la bolsa anunciada en Nuevo León). Que el lector regio saque sus conclusiones: A Lannister always pays his debts.
