Si el plan A para hacer una reforma constitucional política y electoral no prosperó, el plan B con leyes secundarias para hacer al INE menos oneroso, no está corriendo con fortuna. En el primer caso, el plan A, la oposición se las arregló para impedir que la iniciativa del presidente obtuviese la mayoría constitucional requerida (dos tercios); en el segundo caso, el plan B, para el cual bastaba la mayoría simple de la que goza el partido en el poder y sus aliados, el desaguisado fue provocado en las propias filas morenistas. Primero, cuando el líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, exhibió inconsistencias constitucionales que arrastraba el proyecto de leyes secundarias; y segundo, cuando Andrés Manuel López Obrador de manera sorpresiva y recurriendo a sus atribuciones presidenciales, amenazó con vetar lo que habían aprobado los legisladores de su partido. Es decir, el engrudo se gestó, esta vez, estrictamente en el campo obradorista.
¿Qué sucedió? A mi juicio, la mezcla de tres factores: apresuramiento, incondicionalidad ciega de los legisladores y ambiciones políticas de los operadores.
Apresuramiento. Al igual que la marcha del obradorismo al Zócalo que buscó replicar con creces a la de la oposición, el plan B constituyó una respuesta rápida e inmediata al fracaso del plan A. Tengo la impresión de que Palacio Nacional estaba más interesado en ganar la batalla política y narrativa consiguiendo de inmediato una reducción presupuestal del INE, que en los detalles de oportunidad y eficiencia. La iniciativa de ley se trabajó a marchas forzadas, aplicando tijeras y enmiendas jurídicas, con la tranquilidad de que se contaba con las mayorías para aprobarlas y sabiendo que incluso si fueran acusadas de ser inconstitucionales, echarlas abajo en la Suprema Corte no sería fácil para sus adversarios porque el procedimiento requiere ocho votos de los once ministros.
El problema del plan B es que las prisas políticas comprometieron el sentido mismo de las razones de fondo para ajustar la operación del INE. Sí, creo que existe grasa de más en nuestras instituciones electorales. Es un ámbito que ha quedado desfasado respecto al resto de la administración pública, sometida en los últimos años a una necesaria poda de excesos y despilfarros. Los sueldos, las prestaciones, asesores e infraestructura de funcionarios del ámbito electoral contrastan visiblemente con el de otras instituciones públicas; y para nadie es un secreto que el costo del voto “per cápita” es uno de los más altos del mundo.
Así pues, existen razones para considerar necesaria una dieta más sana en el INE; el tema es si el régimen que contempla el plan B es el adecuado. Y más allá de dar por sentado que la oposición criticaría la iniciativa, independientemente de su contenido concreto, sí hay evidencias de que el diseño de la propuesta careció de la atención que requería. Un indicador es que la principal razón aducida, el ahorro que se conseguiría, unos días se estimaba en 3 mil millones de pesos, otros días en cinco mil e incluso en el doble, según qué vocero de la 4T argumentara a su favor. Como si los propios autores desconociesen el impacto real de las tareas y estructuras que estaban eliminando. Otras confusiones en la nomenclatura de departamentos y áreas del INE mencionadas en el proyecto de ley mostraban el precario diagnóstico del que se había partido para el diseño de estas propuestas. Muchos entendemos que el INE puede operar con menos recursos, pero nadie desea que resulten afectadas la legitimidad ni la fluidez de la operación; hacerlo bien entraña una tarea quirúrgica para no vulnerar zonas vitales. A la luz de los jaloneos no parece que el Plan B haya sido resultado de una acuciosa perspectiva.
Incondicionalidad ciega. Las inconsistencias del proyecto podrían haber sido subsanadas en primera instancia en la Cámara de diputados, en donde no faltan legisladores con la experiencia en materia jurídica y electoral necesaria, incluso dentro del campo de las propias filas morenistas. Por desgracia esa posibilidad está cancelada por la militancia partisana que impera hoy en día entre los actores políticos. Todo cuestionamiento a una iniciativa del Presidente por parte de un legislador de su partido es interpretado como un acto de deslealtad imperdonable. El exhorto para no cambiar “ni una coma”, que se ha hecho desde Palacio en el caso de otras iniciativas, ha desterrado la posibilidad de que los diputados y senadores vinculados al partido en el poder puedan afinar, mejorar e incluso proteger al Presidente de un proyecto que arrastra inconvenientes. Después de todo, no es el Presidente sino sus funcionarios quienes preparan las iniciativas y es tarea del Poder Legislativo agotar el examen de las implicaciones, muchas de las cuales se desprenden de los detalles. En este momento esa tarea parecería estar anulada.
Ambición política de los operadores. Lo anterior empeora por la ausencia de interlocutores reales para el Presidente en el Poder Legislativo. El diálogo relativamente profesional con sus operadores políticos en la Cámara de Diputados y en la de senadores no existe. El coordinador de la cámara baja, Ignacio Mier, ha asumido que sus pretensiones de ser gobernador de Puebla pasan por mostrar una incondicionalidad absoluta a lo que considera son los deseos del Presidente. En ese sentido, las marrullerías en la Cámara de Diputados mediante madruguetes y sesiones adelantadas para asegurar que las iniciativas se aprueben sin discusión, perjudican la posibilidad de que el gobierno del cambio produzca mejores leyes, por no hablar del daño a la imagen del movimiento obradorista, que en sus postulados persigue una revolución ética.
En la Cámara de senadores el panorama no es mejor. Durante el primer trienio los encuentros privados entre Ricardo Monreal, coordinador de la cámara, y AMLO, propiciaron el necesario diálogo que permite que los deseos del Presidente sean afinados previamente por el filtro de lo posible y el sondeo anticipado que algunas iniciativas requieren. Eso ha desaparecido con el distanciamiento entre ambos políticos. Ahora la discusión de la mayoría de los senadores está condicionada por las estrategias personales de Monreal de cara a sus aspiraciones presidenciales y a su coqueteo con las organizaciones de oposición.
El veto que Andrés Manuel López Obrador ha anticipado a su propia iniciativa, por la abusiva cláusula introducida por sus legisladores para fortalecer a partidos parásitos, me parece el gesto de un hombre de Estado: “Somos demócratas auténticos, no farsantes. Por encima de los principios, nada”. Pero sería deseable que esa facultad también se les concediera a los diputados para votar de acuerdo con sus convicciones y no a una lealtad incondicional obtusa. El Presidente convocó a este martes a los legisladores de su partido para agradecer su voto a favor del plan B. En realidad, tendría que reprenderlos. En este momento la nueva ley se encuentra en espera del nuevo periodo de sesiones en febrero, para iniciar de cero el ciclo de discusiones a que la condenó el propio desaseo de los diputados y senadores morenistas. Apresuramiento en el diseño y fractura de operación política sobre lo que habría que reflexionar y, al menos, una oportunidad para pensar, de plano, en otro plan.
Jorge Zepeda Patterson
@jorgezepedap
