Por razones evidentes, resulta ejemplar la investigación periodística conocida como Los Papeles de Pandora sobre los negocios ocultos de miles de miembros de las élites de nuestros países en paraísos fiscales. A través de las sociedades offshore, radicadas en países distintos al domicilio fiscal del inversionista, este puede evadir impuestos o de plano esconder fortunas no siempre bien adquiridas. Según el diario El País, la OCDE calcula que el equivalente a 27 por ciento de la riqueza financiera de la región es desviada en sociedades de este tipo, lo cual supondría, solo en impuestos, una evasión cercana a los 22 mil millones de dólares anuales. Según el diario español, al menos 92 políticos y altos funcionarios de América Latina recurrieron a estas sociedades opacas con la ayuda de despachos de abogados especializados en triangular recursos.
Aunque en lo que corresponde a México los primeros reportes no revelan casos tan significativos como en otros países de América Latina, en donde se incluyen presidentes y ministros, se anticipa que alrededor de 3 mil connacionales habrían recurrido a esta estrategia financiera. Y si bien en sí misma no es una práctica ilegal, es un hecho que acompañada de otras formas de ocultamiento podría serlo. Particularmente cuando no se han declarado tales fondos.
Pero justamente ese es parte del problema. Constituir una empresa o sociedad offshore puede tener una intención aviesa, desde luego, pero también constituir una figura administrativa para facilitar un trámite en el extranjero. Es el caso, por ejemplo, de muchos propietarios de botes o yates, a quienes se les recomienda tramitar el registro a través de Panamá para gozar de las muchas facilidades de navegación que ofrece su bandera. Para lo cual, obviamente, necesitan registrar la sociedad correspondiente con un capital social simbólico en aquel país. Algo que, inexorablemente, los hará aparecer en los Papeles Pandora y, por consiguiente, ser tratados en la cobertura periodística como potenciales delincuentes sin serlo.
Hay otras personas en situación similar. Conozco personalmente el caso de Julia Abdala por razones que no tienen que ver con la política, pero sí con el arte y la apreciación musical, en la cual hemos coincidido como estudiantes. Durante estos años he podido conocer sus circunstancias personales, que entre otras cosas incluyen la fundación de dos casas de asistencia para 150 niñas sin recursos, Las Mercedes, de la cual Abdala es fundadora y mecenas. Sin embargo, para los medios Julia Abdala solo existe en calidad de compañera sentimental de Manuel Bartlett. Todo lo demás de su persona en términos profesionales o humanos es eclipsado o ignorado porque no favorece una lectura política que tiene como propósito descalificar a la 4T en general y a las políticas del actual director de la CFE en particular.
Desconozco la fortuna de Manuel Bartlett, pero no tengo dudas de que la familia Abdala posee más dinero del que podría detentar el funcionario. El padre de Julia, de origen libanés y fincado en Puebla, fue uno de los empresarios textileros más importantes del país y uno de los más antiguos. Sus hijos heredaron las habilidades empresariales del padre y a lo largo de los años acrecentaron y diversificaron los negocios familiares. La propia Julia ha sido una empresaria muy exitosa en materia comercial a escala nacional e internacional y ha incursionado en negocios inmobiliarios y digitales, entre otros, antes y después de conocer al entonces senador hace 20 años. Los intentos periodísticos de atribuir su fortuna a una suerte de lavado de dinero instrumentado por Bartlett solo pueden obedecer a la ignorancia o a la mala fe. Si bien, en efecto han sido pareja sentimental durante varios lustros, no han compartido casa, negocios o intereses económicos. Y por poco que se les conozca, resulta evidente que la que en verdad tiene dinero en esa pareja es ella, no su eterno novio. La razón por la que ahora es mencionada en los Papeles de Pandora obedece a una inversión de 10 mil dólares en una sociedad internacional offshore fundada para estar en condiciones de competir por una licitación comercial internacional en 2011, que finalmente no se consiguió, aunque la sociedad nunca fue finiquitada. En ningún sentido tuvo como finalidad evadir impuestos o lavar dinero, como se sugiere en la nota en la que se le menciona.
Me he detenido en el caso de Julia Abdala porque conozco los pormenores y me permite ilustrar el riesgo de que se incurra en otros casos de linchamiento mediático. Tendríamos que cuidar que no acaben pagando justos por pecadores simplemente por el morbo que generan los nombres conocidos o por el afán de llevar agua al molino del terreno político. La creación de una sociedad offshore no es un delito, aun cuando, en efecto, puede luego convertirse en un paso en el proceso de cometerlo. Pero en muchos otros casos simplemente se trata de un trámite conveniente para una gestión empresarial en el extranjero sin propósito de dolo. No es correcto crucificar mediáticamente de antemano y de forma indiferenciada a todos los que hayan recurrido a esta estrategia solo porque algunos o muchos lo utilizan como un mecanismo de evasión o de ocultamiento de dineros mal habidos. En tal caso eso equivaldría a considerar como potencial criminal a todo contribuyente que tramite una deducción fiscal por un gasto realizado, solo porque muchos otros usan ese recurso para evadir impuestos.
Los Papeles de Pandora arrojan información valiosa para ventilar estrategias que han sido utilizadas de manera criminal. Pero es un reporte provisional en el que se necesita discriminar los comportamientos delincuenciales de aquellos que no lo son, antes de exhibir como criminales a los que allí aparecen. Los méritos periodísticos de la investigación terminarían distorsionándose si estos resultados son convertidos, sin mayor comprobación, en piedras para lapidar a todo el que por motivos políticos quede al alcance.
@jorgezepedap
