El 12 de septiembre publiqué en este mismo espacio el trampantojo: “Nayarit: El caos del poder o el poder del caos”, en el que expuse la serie de atrocidades que viene cometiendo el Gobierno del Estado, en aquella entidad federativa encabezada por Miguel Ángel Navarro Quintero, en contra de diversos grupos y sectores productivos de la población para ser extorsionados, acciones que califiqué como de “lesa inteligencia”
Y siguen las cosas… El pasado 10 de Octubre de 2023 se discutía en el Senado la propuesta para nombrar tres Consejeros de Administración a la Comisión Federal de Electricidad, entre los que se encontraba el ex gobernador del estado de Nayarit, Antonio Echevarría García. Sin embargo, es el caso que el único nombramiento que no fue aprobado fue precisamente el del ex gobernador Antonio Echevarría García. Para la votación influyó mucho el discurso pronunciado por el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, quien fuera presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En ese discurso, el citado senador –con reconocida trayectoria en los Derechos Humanos– denunció ante sus compañeros senadores que en Nayarit existe una persecución política desatada por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, y que lo más grave era el uso de la Fiscalía de Nayarit como instrumento para, literal, “llevar a cabo estos delitos”.
Es decir, acusó directamente al gobernador del estado de cometer delitos por conducto de la Fiscalía General del Estado, a cargo del fiscal Petronilo Díaz Ponce Medrano, quien ha sido señalado, en múltiples ocasiones, de llevar a cabo investigaciones sin sustento con el sólo propósito de extorsionar.
El caso es que Nayarit sigue siendo tierra desierta donde todo pasa por encima de la ley, porque es tan pequeño el estado, que cuando a nivel nacional nos enteramos de sus problemas, nunca es a tiempo, sino cuando los delitos ya están irremediablemente consumados, como en el caso del ex Fiscal Edgar Veytía, detenido en Nueva York desde 2016.
La pregunta es: ¿va a pasar lo mismo con esta administración estatal que termina en 2027? ¿Será que hasta el último año de gobierno alguien se preocupará por revisar la actuación del gobernador del estado, de su Fiscal General y del séquito cercano del gobernador –como su asesor jurídico Gabriel Camarena, o su ex Secretario General de Gobierno, Juan Antonio Echeagaray Becerra, sobre quienes pesan múltiples denuncias de que solo se dedican a delinquir y extorsionar empresarios?
