Lo que sucede en la CFE no puede pasar desapercibido ante la supuesta violación de derechos laborales que afecta tanto al personal sindicalizado como al de confianza. De ahí las denuncias y quejas presentadas para que se destituyan e inhabiliten a funcionarios, y se investiguen presuntas irregularidades en la compra de insumos y contratación de servicios.
El lunes pasado se entregaron dos escritos a la Secretaría Anticorrupción, de Raquel Buenrostro, y la Unidad de Responsabilidades de la empresa pública con folios 113435/2026 (temas laboral) y el 113437/2026 (adquisiciones); el miércoles se envió otro a la directora general de CFE, Emilia Calleja y al líder del Suterm, Víctor Fuentes, entre otros.
Las quejas son por autoritarismo y presunta venta de plazas en la Dirección de Administración, que encabeza Yesica Luna Espino, y de “instaurar y operar un régimen de hostigamiento laboral y persecución” por parte de Karina Esparza, encargada del despacho de la subdirección de Control Financiero, y de Yolanda Aguilar, gerenta de Contabilidad, así como de asesores y concejales de confianza.
Los trabajadores de esta gerencia respaldan “en su totalidad las acciones, denuncias y quejas presentadas previamente por la plantilla del personal sindicalizado ante las autoridades institucionales. Compartimos el mismo estado de vulnerabilidad y afectación dentro de la misma área, lo que demuestra que las conductas infractoras del cuerpo directivo constituyen una problemática generalizada que impacta de manera sistemática a todo el personal”.
En el primer expediente se pide revisar nombramientos, perfiles y remuneraciones de funcionarios de la Dirección de Administración con salarios supuestamente por encima de los de la presidenta Claudia Sheinbaum, y el segundo apunta adjudicaciones directas y posible favoritismo a determinados proveedores en compras de artículos de consumo y servicios.
Los Trabajadores Unidos de la Gerencia de Contabilidad, como se hacen llamar, solicitan la destitución de los directivos señalados y la restitución de un “ambiente de legalidad, institucionalidad y respeto mutuo”. Por cierto, se quejan del retiro unilateral de bonos de productividad “sin un procedimiento administrativo previo”, de traslados y reubicaciones constantes de estaciones de trabajo, de hostigamiento en horarios, y amonestaciones infundadas como “herramienta de intimidación y coerción”.
