Miguel Mancera Aguayo fue un funcionario que respondía directo, incluso sobre el mito de que por austeridad sólo tenía tres trajes. En los pasillos de su oficina me agregó sonriente que los dejaba para que los usara su hijo Carlos.
El presidente José López Portillo lo nombró director general de Banco de México en marzo de 1982 y cinco meses después salió por estar en desacuerdo con el control de cambios y la nacionalización bancaria. En diciembre regresó para arreglar el desastre de Carlos Tello y ahí se quedó hasta el 31 de marzo de 1994 cuando se convirtió en el primer gobernador de Banxico hasta el cierre de 1997.
Entre su legado está evitar la inflación, porque daña a los más pobres, e impedir que Banco de México financie el déficit público con oferta monetaria y más deuda.
Cuarto de junto
En su derecho de réplica, Susana Ortiz Pulido, administradora única de Slycom, S.A. de C.V. aclaró que “es falso” que la empresa forme parte o se encuentre vinculada con el denominado “cártel de la limpieza”, y que no tiene ninguna relación corporativa, accionaria, administrativa, de representación legal o directiva con José Juan Reyes Domínguez ni sus familiares, como se publicó aquí el lunes.
Agregó que es inexacto identificar a Slycom y Armot como integrantes de un mismo grupo empresarial. “No corresponde a su estructura corporativa ni acredita la existencia de control, subordinación, participación accionaria común o dirección empresarial compartida. La circunstancia de que ambas sociedades participen en el mismo sector económico o hayan intervenido en procedimientos de contratación pública no constituye, por sí misma, elemento jurídico o corporativo que permita afirmar la existencia de un grupo empresarial entre ellas”.
La participación en el procedimiento SEM-LPNP-018-2026 se realizó en el ejercicio de su derecho a concurrir en procedimientos de contratación pública y “no constituye evidencia de coordinación indebida, concertación empresarial, acuerdo anticompetitivo o actuación irregular alguna”.
Negó categóricamente “haber realizado actos de presión, intervención indebida o cualquier otra conducta irregular dirigida a alterar, modificar o determinar los requisitos del procedimiento referido” y agregó que Slycom desarrolla sus actividades empresariales con “sujeción a las disposiciones legales y administrativas que resultan aplicables a su operación, incluyendo las obligaciones laborales, fiscales, de seguridad social y aquellas relacionadas con su participación en procedimientos de contratación pública”.
Por lo mismo, “rechaza expresamente que se atribuyan o hagan extensivas conductas ilícitas, prácticas de simulación, acuerdos indebidos actuaciones contrarias al orden jurídico sin que exista información objetiva y verificable que sustente tales imputaciones”.
