La Junta de Transporte de Superficie de Estados Unidos autorizó a GMéxico Transportes, que preside Germán Larrea, para que a partir del 12 de septiembre adquiera 60 por ciento de las acciones de CGRailway que proporciona el servicio de ferry ferroviario entre el Puerto de Mobile en Alabama y Coatzacoalcos, Veracruz, bajo la condición de proteger a los empleados, y aprobó que también controle al transportista ferroviario Copper Basin Railway.
Y hay novedades en dos casos que aquí le he comentado. En el primero, las empresas Coastal Contracts de Malasia/Singapur y Nuvoil de México, que intentan quebrar a la compañía Trese en un largo litigio, ya están en el ojo del huracán. El Departamento de Asuntos Comerciales de Singapur (perteneciente a la Fiscalía Anticorrupción de ese país, con fama de liderazgo mundial, comenzó las indagatorias sobre desvíos y triangulación de fondos de procedencia ilícita al United Overseas Bank por instrucciones de los dos primeros corporativos.
La investigación es porque se podría contaminar al sistema financiero de Singapur, una vez que el banco es de los más representativos. En el desvío participaron presuntamente funcionarios del área jurídica y administrativa de Pemex, y jueces y magistrados que investiga el Consejo de la Judicatura.
De comprobarse el ilícito, la Fiscalía de Singapur y el Tesoro de Estados Unidos podrían atraer el caso, ya que se utilizaron cuentas bancarias con sede en Nueva York para la triangulación. En México la juez Concepción Martín Argumosa, responsable del juzgado federal séptimo civil del primer circuito, donde se lleva a cabo el litigio concursal de Trese, ya está informada de manera oficial de dichas investigaciones internacionales.
En el segundo tema, surge más información de las investigaciones iniciadas por el subsecretario de Control y Auditorías del Edomex, Luis David Fernández, contra las tres administraciones anteriores. Gamaliel Cano García, ex contralor interno en la Secretaría de Finanzas, y Carlos Enrique Verduzco son investigados a través de su despacho Avanta Abogados como operadores clave en la red de presunta corrupción liderada por el ex gobernador Eruviel Ávila. Se les encontró relación con Gaslow, una empresa que adquirió más de cinco propiedades en Texcoco a Pablo Martínez Cano bajo circunstancias sospechosas con posible lavado de dinero, contratos inflados y pagos irregulares. Asimismo con Diseño y Construcción, y Celefriks, presuntamente involucradas en la adjudicación de contratos con el gobierno; estas empresas compartían un patrón: movimientos irregulares en el cambio de manos de propiedades lo que sugiere que servían como vehículos para ocultar el patrimonio de un tercero según las indagatorias. Se agregan a la constructora Procesblack o Espacio y Volumen Hábitat.
