La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se rodeó de penalistas en varias áreas con miras de erradicar la corrupción y para hacer respetar las leyes. Nombró al abogado Gustavo Javier Olvera Herrera al frente de la Delegación Federal del Instituto Nacional de Migración en CdMx.
Olvera Herrera defendió a miembros de la Marina y representó a importantes empresarios del sector financiero, textil y tecnológico en asuntos legales. Hoy estará del otro lado de la barandilla en una de las áreas más sensibles de la agenda nacional, Migración, formando parte del equipo de Tonatiuh Guillén López, ligado al subsecretario Alejandro Encinas.
El nombramiento se suma al de otros prestigiados juristas que se incorporan al gobierno federal, como lo es Ricardo Peralta Saucedo a la Administración General de Aduanas; este experimentado penalista lleva la indicación directa de erradicar la corrupción en ese organismo.
Aquí los procedimientos son normales y tradicionales dentro de un cambio de gobierno. La rara es la licitación lanzada por Banobras para contratar a una empresa especializada en la "evaluación de candidatos internos y externos para ocupar puestos de nivel operativo y de mando" en el banco de desarrollo.
No lo dice, pero se refiere a decenas de funcionarios que dejaron la institución por aquello de que les bajarán el salario. La empresa que gane el contrato por adjudicación directa deberá contar con personal certificado en evaluaciones, profesión en psicología clínica u organizacional, y contar con la aprobación de Banobras.
Según la convocatoria, se busca conocer las habilidades/competencias de quienes buscan los puestos, sus comportamientos y motivadores para desempeñarse en el trabajo. En el caso de mandos medios, se evaluará la capacidad de liderar equipos de trabajo y asumir mayores responsabilidades; para puestos susceptibles a cometer actos de corrupción se agregarán estudios socioeconómicos o pruebas de confianza al candidato.
En el caso de los mandos se medirán, por ejemplo, sus valores, estilo de comunicación, pensamiento proactivo, resolución de problemas, respeto de políticas, competencias, y otros. El contrato vencerá el 31 de diciembre de 2019.
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