Jamieson Greer, titular del USTRade, reveló con claridad que en su portafolio de negociador (así llegó a su reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum), también lleva las órdenes de sanciones dictatoriales en materia arancelaria y las órdenes políticas de supeditar el T-MEC a temas de seguridad nacional para Estados Unidos relacionadas indiscutiblemente al combate a organizaciones criminales en México. Escucha razones, pero no las toma en cuenta, y quien decide todo es el presidente Donald Trump.
Ayer el embajador Greer impuso el arancel de 10 por ciento a México bajo el argumento de que no se cumple con la prohibición sobre importaciones de bienes producidos con trabajo forzado bajo la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. El 12 de marzo inició las investigaciones sobre el tema en 60 economías, y desde esa fecha propuso los aranceles de 10 por ciento para los países que medio impiden esas importaciones, como Argentina, Bangladés, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y Reino Unido.
No tomó en cuenta para nada los argumentos de Ernesto Acevedo, ministro de la oficina mexicana en Washington, ni de José Medina Mora, presidente del CCE; Alejando Malagón, presidente de Concamin, y de Humberto Martínez, presidente de Index. Todos señalaron al USTRade que no hay pruebas ni evidencia de faltas en México, y que la imposición de aranceles afectará la relación comercial.
Los dirigentes empresariales expusieron que las exportaciones totales de bienes de México a EU fueron aproximadamente de 534.9 mil millones de dólares en 2025, y que “los bienes que no cumplen con el T-MEC son estimados en 75 mil millones de dólares. Aplicando un arancel de 10 por ciento a esa base significa cerca de 7 mil 500 millones de dólares en aranceles anuales aplicados a los bienes que no tienen ninguna conexión documentada con el trabajo forzoso”.
Si se agrega el anuncio de ayer del Tesoro de EU, que sancionó a más de 50 personas y entidades mexicanas vinculadas al grupo terrorista CJNG, claramente se ve que Greer obedece más que negocia.
Cuarto de junto
Indra Group, una las principales compañías de América Latina y Europa de defensa y tecnologías avanzadas, nombró a José Ramón Peña Alonso como country manager en México para consolidar una operación más cercana a los clientes y desarrollar capacidades diferenciales… Excelente decisión de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas, que preside Andrés de la Parra, y los Distribuidores de Automotores, que encabeza Guillermo Rosales, sobre el convenio para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en todas las financieras, autofinancieras distribuidores de automotores.
