El pasado viernes se dio a conocer la iniciativa de reforma Constitucional presentada por el gobernador para que la Universidad de Guadalajara tenga garantizado al menos un 5% del Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco. La noticia es, sin duda positiva. No obstante, es pertinente realizar tres breves consideraciones:
1.- La Universidad, en siete de los 17 años comprendidos entre 2007 y 2024, ya había obtenido porcentajes superiores del Presupuesto de Egresos, llegando a un máximo de 5.43% y a un mínimo de 4.27%, con un promedio del 4.94%. En el originalmente presentado para 2024, era del 4.38%; pero alcanzaría un 4.90%, gracias al ajuste propuesto por poco más de 870 millones adicionales. Aun así, será inferior en un 0.4 % al promedio de los últimos 17 años; y menor al recibido en 2007 y 2016, cuando tuvo un 5.43%.
2.- Su Exposición de motivos, reiteradamente menciona que la “autonomía” de la UdeG es “especial”, de “características específicas”, y que se constriñe a asuntos estrictamente académicos, sin reconocerle la facultad que el 3° Constitucional estipula para que las universidades puedan “administrar libremente su patrimonio” (por eso etiqueta cierta cantidad para obras de infraestructura). Como las reformas siempre incluyen pasos para adelante y para atrás, el avance en el presupuesto Constitucional es al mismo tiempo un retroceso; porque, en vez de aprovechar el viaje para incluir en nuestra Constitución que la UdeG es un organismo constitucionalmente autónomo, se le define como “organismo público descentralizado del Gobierno del Estado”, en lo cual existe enorme diferencia. Así, la Universidad aumenta su presupuesto, pero reduce su autonomía.
3.- La iniciativa coincide con tiempos electorales. Se ha interpretado que los recursos adicionales son a cambio de que su Rector General no se postule a la Alcaldía de Guadalajara. En esto parece haber una confusión: la invitación a ser candidato se la hicieron a una persona, y no a la Universidad. Y, un Rector, en vez de realizar una consulta sobre si se debe postular o no, debería más bien (o también), preguntar sobre: la necesaria reforma de los Planes y Programas de Estudio (que se encuentran desfasados de la realidad); cómo se puede elevar la calidad de sus egresados de nivel Medio Superior y Superior; y respecto al porcentaje de aumento salarial para sus trabajadores. Sobre todo, si la Universidad debe seguir siendo un “organismo público descentralizado del Gobierno del Estado” o un organismo constitucionalmente autónomo.
