Una de las figuras más controversiales en materia penal es sin duda la prisión preventiva, en particular la llamada oficiosa. En los históricos debates que sobre el particular se dieron en el pleno de la Suprema Corte a fines del año pasado, se coincidió en que, la que de oficio se debe aplicar para ciertos delitos, no significa que se haga automáticamente, sino sobre la base de una motivación y fundamentación hecha por el juez, para cada caso particular.
Como medida cautelar, la prisión preventiva es una de las 14 contempladas en el CNPP, a la que se debe recurrir de manera excepcional, valorando su necesidad, idoneidad y proporcionalidad, para proteger a las víctimas, los testigos o la sociedad; y asegurar la comparecencia del acusado durante todo el proceso. En el caso de los tres estudiantes, no se les aplicó de manera excepcional, sino exagerada. Vamos, fue como decidir matar una mosca de un cañonazo.
Es sabido que, con frecuencia, algunos funcionarios toman decisiones para “ayudar” o quedar bien con un superior jerárquico, o gobernante en turno. Sin embargo, en vez de ayudarlo, terminan perjudicándolo; y, creándole problemas, en vez de resolverlos. Puede decirse que la conducta de este juez encuadraría en este tipo de comportamiento.
Afortunadamente, voces sensatas, tanto del senador Clemente Castañeda, el alcalde tapatío y el propio gobernador del estado se han expresado para tratar de arreglar el desperfecto –convertido en escándalo internacional– pronunciándose porque los estudiantes lleven su proceso en libertad. Las opiniones pesaron y ayer por la tarde fueron liberados.
Dado que aún en libertad seguirá considerándoseles responsables de un delito, su conducta debe catalogarse como derivada de condiciones sociales, no de motivaciones personales o dolo. Por ello, y para resolver de fondo ese problema, lo mejor sería que el Ejecutivo presente al Congreso local una iniciativa de Ley de Amnistía para todos los implicados en el proyecto Iconia o Huentitán. Dicha ley, aprobada, sería la segunda que publicara, ya que el 26 de noviembre de 2019 hizo lo propio con la Ley de Amnistía para Mujeres Víctimas de Violencia de Género en el estado.
Amnistía si bien significa, amnesia, olvido y extinción de la acción penal; no implica menosprecio de las leyes ni mengua de la autoridad, sino aplicar el Estado de derecho para generar concordia y un nuevo clima político en Jalisco.
Javier Hurtado
