En días recientes, la salud del titular de la Fiscalía General de la República (FGR) se ha convertido en un tema recurrente en el debate público, pasando por alto que -desde el 20 de diciembre de 2018- por declaratoria del Congreso de la Unión, publicada en el DOF- se trata de un Organismo Constitucional Autónomo. No obstante, la FGR sigue siendo percibida como la PGR; o, en el mejor de los casos, como una dependencia sui géneris del Ejecutivo (como la de Hacienda) en la que el nombramiento de su titular requiere ratificación de una de las Cámaras del Congreso.
Po eso, la autonomía de la FGR, más que derivar de una reforma Constitucional, depende de un cambio cultural. Por ejemplo, por qué en este caso la sociedad no se ha manifestado con la misma enjundia con la que lo ha hecho con el INE, siendo igual o más importante que este, por el hecho de que, además de ser representante de la sociedad, le corresponde la persecución de los delitos, procurar que la impartición de justicia sea pronta y expedita, y participar con ese carácter en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.
En la designación del fiscal, como en su remoción y renuncia intervienen tanto el Presidente de la República (lo que no ocurre con el INE) como el Senado, lo que dificulta ambos procesos. Para ser nombrado, se requiere tener al menos 35 años, pero no un límite de edad; lo cual, si bien podría ser objetado como discriminatorio, tampoco parece sensato hacerlo con una persona de 80 años, para cumplir un período de nueve, como ocurrió el 18 de enero de 2019. Sus ausencias las suple el Fiscal Especializado de Control Competencial, “en los términos que disponga el Estatuto Orgánico”, que desde el 20 de junio de 2021 debió haberse expedido y a la fecha no existe o no se ha hecho público, por lo que la suplencia se ha convertido en eterna y el fiscal en inamovible.
La subordinación del fiscal general al Ejecutivo Federal se ha agravado durante las prolongadas ausencias de su titular, provocando que el Presidente sea el que a través de interpósita persona tome las principales decisiones en la dependencia.
Con mucho, el combate a la inseguridad y la impunidad depende de que la FGR realmente represente a la sociedad y sea autónoma e independiente.
Javier Hurtado
