En seis años, Perú, el país de César Vallejo y de la cultura Inca, ha tenido seis presidentes. Su historia reciente, como la de muchas naciones de América Latina, es la de la continua inestabilidad y caos político. El episodio más reciente y traumático para el país andino sucedió ayer en una vorágine de eventos que casi como en una puesta teatral podríamos dividirla en tres actos:
Primer acto. El Congreso del país, que tiene el poder de destituir a presidentes según se le antoje, se preparaba para votar por tercera vez, una moción de censura que destituyera a Pedro Castillo.
Segundo acto. Ante esta tercera intentona del Congreso de finiquitar su presidencia, Castillo disolvió el Congreso e intentó instaurar un gobierno de excepción que gobernaría con base a decretos.
Tercer acto. Ni los militares, ni los medios, ni la oposición, ni siquiera sus correligionarios de partido, ni mucho menos el Congreso apoyan la jugada del ahora expresidente. Castillo es detenido y destituido y termina así una caótica presidencia de año y medio.
El maestro rural originario de la región andina del país, que llegó al poder bajo la promesa del cambio y con un discurso popular que apelaba a una clase social que nunca ha llegado al poder, demostró que para gobernar un país no bastan las buenas intenciones, ser un outsider o representar a un grupo social desfavorecido.
Aunado a eso, la configuración constitucional del Perú no ayuda en nada a que sus presidentes puedan gobernar con un mínimo margen de acción.
Por un lado, el Congreso tiene la facultad de remover presidentes según se le antoje, y el presidente tiene el poder de disolver congresos según su humor. Con un orden constitucional de esta naturaleza, el ejercicio de gobernar se vuelve prácticamente imposible.
Y eso es lo que ha sucedido en los últimos años en Perú. Casi todos los ahora expresidentes desde el año 2000, cuando terminó el fujimorato, han sido investigados o acusados por casos de corrupción; Alberto Fujimori es el único que está preso, pero hay otros que enfrentan condenas bajo arraigos domiciliarios.
El problema va más allá de la cuestionada reputación de la mayoría de la clase política de ese país. El meollo del asunto me parece, reside en su actual orden constitucional, que aunado a una división política profunda y constante, no permite que se den las condiciones necesarias para que exista un mínimo de gobernabilidad en un país que lleva décadas padeciendo golpes de estado, terrorismo, gobiernos autoritarios y un total desorden político.
Lo que sucedió el pasado miércoles es un lamentable episodio más en la historia política del Perú. Y aunque la sucesión de Castillo se dio horas después de que lo destituyeran -el cargo de presidente lo ostenta ahora la exvicepresidenta Dina Boluarte- la crisis política en esa nación está lejos de terminar.
A considerar
Otro país de la región que atraviesa por una crisis política profunda es Argentina. Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta del país austral y que gobernó la Argentina en dos ocasiones, ha sido condenada a seis años de cárcel por corrupción e inhabilitada de por vida para ocupar cualquier cargo público. La peronista ha señalado que existe una “mafia” y un “estado paralelo” que están en contra de un modelo de desarrollo económico que beneficie al pueblo. De igual manera, la vicepresidenta del actual gobierno considera que existen inconsistencias en el caso y una predisposición en su contra orquestada por la oposición y por sectores económicos contrarios al peronismo. Gracias a la inmunidad que le otorga su cargo, Fernández de Kirchner no irá a la cárcel hasta que termine su mandato, mientras tanto tiene la oportunidad de apelar.
Ambos sucesos dan cuenta de la importancia que tiene el cuidado de las instituciones democráticas, de los contrapesos, la división de poderes y el Estado de derecho en nuestros países.
Javier García Bejos
