La crisis venezolana lleva más de una década consolidándose como una de las tragedias políticas y humanitarias más graves del hemisferio occidental. La combinación de autoritarismo, colapso económico, migración masiva y debilitamiento institucional ha creado una realidad en la que la idea de un cambio de régimen ya no es una consigna opositora, sino una necesidad para cualquier proyecto de reconstrucción nacional. No se trata solo de reemplazar a Nicolás Maduro, sino de desmontar un modelo que ha vaciado al Estado, corroído la confianza pública y aislado al país del concierto internacional.
La urgencia de ese cambio proviene, en buena medida, de la inviabilidad estructural del régimen actual. La economía no muestra señales reales de recuperación sostenible; la dolarización de facto es apenas un parche sobre un sistema productivo demolido. Las instituciones, desde el poder electoral hasta el judicial, han sido reconfiguradas para preservar el control del oficialismo y neutralizar cualquier dinámica pluralista. Y la crisis migratoria —más de siete millones de venezolanos fuera del país— es un testimonio viviente de que el país se volvió incompatible con la vida digna. En ese contexto, hablar de elecciones libres o reformas graduales es casi un eufemismo.
Sin embargo, la pregunta central no es si el cambio es necesario, sino cómo puede producirse. Y aquí emerge el papel siempre controvertido de Estados Unidos. La presión estadounidense ha sido uno de los pocos factores externos capaces de afectar el cálculo de poder del chavismo. Las sanciones personales contra figuras del régimen y las restricciones petroleras marcaron un punto de inflexión, no porque estuvieran diseñadas para colapsar a Maduro —algo que no ocurrió— sino porque alteraron los incentivos, forzando al gobierno a negociar en algunos momentos y a buscar salidas diplomáticas parciales. Ese es uno de los pros: Washington tiene capacidad de disuasión, recursos y un peso simbólico que ningún otro actor internacional posee.
Pero la presión estadounidense también tiene efectos secundarios que no pueden ignorarse. El más evidente es que el chavismo la usa como combustible para su narrativa interna: la revolución asediada, el enemigo externo, la soberanía nacional amenazada. Esta retórica ha servido para justificar el cierre de espacios democráticos y la militarización del Estado. Y aunque las sanciones buscan debilitar a la élite gobernante, muchas veces han terminado afectando a la población en general, endureciendo las condiciones económicas sin lograr un avance político real para mermar al régimen. Además, la estrategia de máxima presión no ha generado una fractura decisiva dentro del chavismo, ni una transición negociada.
El dilema, entonces, es evidente: sin presión internacional, Maduro tendría el camino despejado para perpetuarse indefinidamente; con presión excesiva o mal calibrada, el régimen encuentra excusas para atrincherarse y la oposición queda atrapada en expectativas poco realistas de intervención externa. Lo que parece necesario es una presión inteligente, combinada con incentivos concretos, coordinación multilateral y una estrategia que coloque en el centro a la sociedad venezolana, no solo a los actores geopolíticos. El cambio de régimen no vendrá por inercia ni por milagro; requerirá una combinación compleja de desgaste interno, articulación opositora y acompañamiento internacional que no confunda firmeza con estridencia.
Venezuela necesita un viraje urgente porque su gente ya pagó demasiado por los experimentos, errores y excesos de sus gobernantes. La responsabilidad de la comunidad internacional —Estados Unidos incluido— no es elegir a un bando, sino favorecer las condiciones para que los venezolanos puedan recuperar su democracia. En ese equilibrio, delicado pero imprescindible, se juega no solo el futuro de un país, sino la credibilidad de quienes afirman defender la libertad en la región.
