Una semana después de lo estipulado por la ley, y en un recinto muy alejado de la Cámara de Diputados en San Lázaro, los legisladores, con un partido ausente, lograron aprobar el Paquete Económico para el 2020. En las últimas semanas, se han generado muchas controversias en cuanto al proyecto que se había presentado hace varias semanas. En particular, lo presupuestado para el campo generó bloqueos de grupos campesinos alrededor de la Cámara, y en un tema no menor, grupos de presidentes municipales acudieron para presentar sus inconformidades, Ahora, tendremos que esperar que este Paquete responda a las realidades, y sobre todo las necesidades, que se viven en nuestro país.
Más allá de debatir sobre quién ganó y quién perdió, debemos recordar que este Paquete es el primero aprobado por la izquierda en la historia de nuestro país, y en ese sentido, no sorprende que tenga un sesgo marcadamente social. De acuerdo a lo comunicado por los legisladores del partido mayoritario en el Congreso, el presupuesto que supera los seis billones 107 mil millones de pesos “prioriza los programas sociales, Pemex, pensiones, salud y seguridad.” Definitivamente, el que se gaste en procurar mínimos de protección social es una buena noticia, así como alcanzar ahorros por parte de organismos diversos. El asunto es, pasando al análisis, si el presupuesto será un factor positivo para la dinámica económica.
No hay que perder de vista que el 2020 será un año complejo no solo para la economía mexicana, sino también para la mundial. Mientras el estire y afloje entre China y Estados Unidos no ceda, existirán las presiones en diversos mercados que lo único que generarán es incertidumbre, mala noticia para países emergentes como el nuestro. En esa línea, diversas instituciones, organismos y calificadoras siguen recortando el pronóstico de crecimiento para nuestro país. Así, el presupuesto aprobado con mayoría del partido Morena debió mandar una señal de que se entiende en dónde estamos parados en el ciclo económico, tanto por lo que se viene como por los supuestos económicos que están detrás de los ingresos proyectados. Habrá que esperar si el gasto público verdaderamente será un factor de crecimiento.
De esta pregunta, se desprenden varias más sobre las problemáticas que más nos importan como sociedad. ¿Están los recursos que necesitamos para ponerle un alto a la inseguridad, o para procurar mejor justicia? ¿Tenemos claro cómo vamos a favorecer la generación de empleos, en un contexto de incertidumbre y bajo crecimiento? ¿Los estados y municipios tendrán los recursos necesarios para enfrentar los retos locales? ¿Se tendrá la capacidad administrativa para ejercer el presupuesto en tiempo, y de acuerdo a lo aprobado? No queda más que esperar que, efectivamente, el gasto público pueda alentar el crecimiento, y que las inversiones públicas, que tanto han estado en el centro del debate, sean las mejores disponibles entre las opciones que teníamos.
