La disputa por el futuro del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) sigue su marcha en Estados Unidos y, actualmente, un juez tiene en sus manos la definición en torno a si su operación es legal o debe ser cancelado.
La mayor cantidad de “soñadores”, es decir, de jóvenes o adolescentes que llegaron a territorio norteamericano siendo menores de edad y que recibieron un permiso especial para estudiar o trabajar, se concentran en los estados de Texas y California.
El programa DACA fue creado por el entonces presidente norteamericano, Barack Obama, en el año 2012, es decir, hace 10 años y se tradujo en un potencial económico de casi 800 mil jóvenes que podrían reforzar la fuerza laboral.
Con DACA, los migrantes que pisaron suelo norteamericano siendo menores de edad, estuvieron protegidos de una deportación y consiguieron un permiso para estudiar o para realizar alguna actividad económica.
En este 2022, el programa se encuentra en su décimo aniversario; sin embargo, existe un grupo del sector republicano que busca su eliminación. En contraste, otro grupo, muchos de ellos del grupo demócrata, está impulsando que se amplié.
Fue a principios del mes de julio de este año cuando el Tribunal del Quinto Circuito de Apelaciones de Nueva Orleans escuchó los argumentos en el caso sobre el programa iniciado en 2012 por el gobierno del entonces presidente Barack Obama.
El programa DACA surgió como un proceso temporal, pero se fue extendiendo hasta que el expresidente Donald Trump, decidió comenzar su cancelación bajo el argumento de que los migrantes representan una amenaza.
El gobierno de Joe Biden defiende el programa y, por ahora, no está claro si el caso llegará al Tribunal Supremo. A la par, grupos de defensa de los derechos de los migrantes están solicitando al Congreso estadounidense aprobar una legislación que permita darle un estatus permanente a los beneficiarios.
De acuerdo con la Fundación Pies Secos, entre los “soñadores” se encuentran más de 30 mil de origen poblano, quienes esperan que el programa pueda continuar por los beneficios que reciben.
Al final, el camino para que los llamados “soñadores” puedan lograr un estatus permanente es a través de una reforma migratoria integral que apruebe el Congreso, de lo contrario, se mantendrá la incertidumbre sobre su futuro.
Jaime Zambrano
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