En Puebla el cobro del predial está dejando de ser un asunto sólo de los municipios. No es algo insignificante: muchos lo han convertido en su caja chica… y también en su caja negra.
Lo que trae de cabeza a más de uno es la reforma a la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, decretada el 4 de marzo de 2026.
El propósito de los cambios es ajustar la forma en que se distribuyen los recursos del Fondo de Fomento Municipal, así como crear una regla específica para los municipios que colaboren con el Estado en la administración del impuesto predial.
Nada más, y nada menos: el impuesto predial, la principal forma en la que los gobiernos municipales se allegan recursos propios de los que, en infinidad de casos, nadie sabe si se ejercen o cómo se ejercen. O sea: reina la opacidad.
Un ejemplo: en su Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2026 el municipio de Xicotepec de Juárez prevé ingresos por 8 millones 421 mil 926 pesos por concepto del predial.
En ese municipio, el gobernador de Puebla reprendió públicamente al alcalde Carlos Barragán Amador, por una pavimentación que, según se reportó, costó 4 millones de pesos, pero, de acuerdo con el mandatario, no pudo costar más de 1 millón de pesos.
El desencuentro entre gobernador y alcalde se dio el 3 de enero, dos meses después vinieron los cambios a la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla.
La reforma divide el 100 % del Fondo de Fomento Municipal en dos partes: una integrada por la base de 2013 más el 70 % del excedente, y una segunda integrada por el 30 % restante del excedente, que se reservará para los municipios que celebren convenio con el estado para la administración del impuesto predial.
También incorpora una nueva fórmula de distribución para esa segunda parte, basada en la recaudación del predial y la población de los municipios, y establece que la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del estado calculará coeficientes provisionales y definitivos con información mensual proporcionada por los municipios.
En la práctica, el decreto da al gobierno estatal una base legal más clara para administrar el predial en coordinación con los municipios, y para repartir recursos federales asociados a esa colaboración. También prevé que, si no alcanzan los recursos para cubrir ajustes, se use el Fondo General de Participaciones municipal.
Y, sobre todo, permite que el estado centralice la información financiera municipal, porque obliga a los municipios a enviar información mensual de recaudación.
Aquí citamos a Xicotepec de Juárez, pero hay municipios con ingresos mucho mayores por predial, como San Andrés Cholula que prevé alrededor de 101 millones 238 mil 414 para este año, o Huejotzingo, con 25 millones de pesos.
Hasta este fin de semana, al menos 100 municipios de Puebla habían aceptado ceder el cobro del predial al gobierno del estado.
Al margen
Que el estado tenga control sobre el cobro del predial no es un frontal cambio legal, sino una silenciosa disputa por el poder y los recursos que trae la venia federal. Solo dos estados, Puebla —donde la semana pasada el Cabildo de la ciudad capital autorizó al alcalde ceder el cobro del predial— y Veracruz, fueron elegidos para iniciar la implementación de la reforma, que será gradual en el país.
