El nombre de Ángel Miguel Garrido no dice nada por sí mismo; sin embargo, déjeme le cuento que hasta mediados de julio pasado fue director de Seguridad Pública de Tlaola. El viernes 10 de ese mes fue detenido, como parte de un operativo en el que también fueron aprehendidos sus pares Evencio Rosas Luna, de Tlapacoya, y Manuel Martínez González, de Jopala.
Los tres mandos municipales de seguridad, según la carpeta de investigación ministerial FGEP/CDI/CGI/CGI-1/000035/2026, protegían a integrantes de un grupo delictivo para que operaran en la Sierra Norte de Puebla, en los límites de Tlapacoya y Jopala, un laboratorio clandestino de drogas sintéticas.
En su momento, la Secretaría de Seguridad Pública estatal estimó que el narcolaboratorio generaba ganancias superiores a los 2 mil 400 millones de pesos. Cuesta creer que Simón Garrido Morgado, alcalde de Tlaola, no estuviera enterado de lo que hacía su mando de seguridad, también cuesta creer que no supiera que, en su municipio, donde viven poco más de 20 mil 400 habitantes, estaba operando una granja clandestina de criptomonedas.
Ahora que la SSP estatal consideró necesario que se investigue a Simón Garrido Morgado, al mando policial y a la policía municipal tras el hallazgo de la granja clandestina de criptomonedas, una línea casi obligada para las investigaciones que realiza la FGR debería ser determinar si existe una relación entre criptogranja y narcolaboratorio, este último localizado en Jopala, municipio limítrofe con la localidad que gobierna Garrido Morgado.
No es nuevo que organizaciones criminales utilicen criptomonedas para lavar dinero. En 2020, el entonces titular de la UIF dijo a la agencia Reuters que “hay una transición para cometer delitos en el ciberespacio, como adquirir criptomonedas para lavar dinero … y la pandemia la está acelerando”. Y ya han pasado seis años de aquella declaración.
Hay otro dato que conviene poner sobre la mesa: Tlaola pertenece al distrito electoral 2, junto con Huauchinango, Zacatlán, Ahuazotepec, Juan Galindo y Chiconcuautla, una región en donde se encuentra la presa Necaxa, que forma parte del sistema hidroeléctrico de Necaxa, operado por la empresa privada Generadora Fénix, constituida en 2015 por la portuguesa Mota-Engil y el Sindicato Mexicano de Electricistas.
Justo por ese distrito electoral es diputado local Miguel Márquez Ríos, quien, además, es Secretario de Fomento a la Salud y Previsión Social del Sindicato Mexicano de Electricistas. En contra de Márquez Ríos y otros existe, por cierto, una denuncia ante la FGR por el supuesto robo de energía eléctrica a través de una criptogranja encontrada, en 2025, en un inmueble propiedad del sindicato de electricistas en el municipio de Juan Galindo.
Al margen
Tal vez Ángel Miguel Garrido, cuyo nombre no decía casi nada por sí mismo, debería ser un punto central de las investigaciones. No sólo por la protección que supuestamente proporcionó a grupos del crimen organizado, sino por algo más: la criptogranja.
