Desde hace un par de semanas te hablé de cosas extrañas que pasan en las licitaciones de servicios de tecnología en el gobierno federal. Te conté de ciertos concursos que se desarrollaban en el Fondo de Vivienda del Issste (Fovissste). Te advertí que se aproximaba el fallo sobre los servicios administrados de voz y datos para el Fovissste y allí nos quedamos.
La única propuesta que se presentó fue la de Reto Industrial y Neixar Systems, con el presunto apoyo de Avaya. Todo apuntaba hacia el abuso, pero por fortuna los funcionarios de soporte técnico y telecomunicaciones del Fovissste se comportaron a la altura. Declararon desierta la licitación, pues Reto Industrial solo sumó 45 de los 60 puntos requeridos. Esa es la buena.
La mala es que se perfila un fraude y un abuso al interior del Fovissste mediante el programa Respalda2 M. Tal vez su director, Luis Antonio Godina, ni se ha enterado de la estafa que se ha diseñado alrededor de este programa. Mediante Respalda2 M, cualquier burócrata puede acceder a un crédito promedio de 40 mil pesos. Este se otorga vía Grupo Financiero Mifel, con el fin de remodelar, reparar o ampliar la vivienda que habitan. La única exigencia es adquirir los materiales y suministros solo con los establecimientos participantes. Aquí está el chanchullo.
Desde hace un año a la fecha este esquema permitió proliferar la plaga de coyotes y otra fauna nociva de intermediarios. Todo ello creó una red de moches, mismos que inician cuando se ofrece el monto del crédito en efectivo. Este moche llega hasta 25 por ciento del crédito que, sumado a la tasa de interés oficial de 17 por ciento, sangra a los trabajadores.
Mis amigos chismosos me ayudaron a conocer algunos casos que trataré de explicar, para que entiendas cómo se gesta ese fraude. Respalda2 M opera con una serie de intermediarios autorizados por el Fovissste, quienes cuentan con una red de asesores “certificados”. Estos asesores captan los datos del cliente y autorizan el crédito. Acto seguido, 75 por ciento del monto se otorga a través de una tarjeta precargada que solo puede utilizarse para la compra de materiales.
Aquí entra la red de “asesores”, que convencen al acreditado de cambiar su tarjeta por efectivo. Posteriormente, ellos se encargan de “transparentar” los recursos, usando la tarjeta en terminales de establecimientos acreditados. Con ello se obtiene una factura para comprobar el uso correcto del dinero; claro, esto en contubernio con algunos negocios. Es obvio que este método deja millonarias ganancias a los coyotes, pero pierde sentido el objetivo del programa. ¿De qué sirven entonces las marchas y muestras de unidad si seguimos clavados en ver cómo y a quién nos chingamos? No te digo.
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