La seguridad pública siempre es una papa caliente y en el caso de Monterrey hablamos de una papa muy caliente. El cuadro se complica porque las autoridades, en vez de buscar la manera de resolver las cosas, hacen lo de siempre: tratar de llevar agua a su molino. Esto permite anticipar un empeoramiento de las condiciones.
La principal causa es que la vigilancia de la capital de Nuevo León está dividida en dos: la Policía Regia cubre con sus elementos un tercio del territorio; el resto, las partes norte y sur de la ciudad, es vigilado por elementos de Fuerza Civil, una corporación estatal.
Esto tiene efectos nocivos. Por un lado, las fuerzas estatales, mejor pertrechadas y más nutridas, se ven obligadas a distraer elementos haciendo labores de seguridad preventiva en vez de que actúen como lo que son, una policía reactiva de combate a delitos de alto impacto y crimen organizado. Las municipales, a su vez, no pueden con el paquete de toda la ciudad, que es demasiado grande y compleja para atender. Y tampoco crecen.
El fondo del asunto, como siempre, es el dinero. Si se tiene más responsabilidad, se pueden pedir más recursos para este asunto tan delicado, y tanto el municipio como el estado quieren tener acceso a los diversos fondos para seguridad.
Dijo El Bronco: “Yo no tengo inconveniente” en que el control de la seguridad pase totalmente al municipio… “siempre y cuando él tenga el dinero para sostener a la policía”. Él en este caso es el alcalde Adrián de la Garza, que previamente había dicho que las varias opciones pensadas para asumir el control total no se han concretado en parte por falta de dinero. O sea que…
Lo justo sería que, como opinó Juan Carlos Ruiz, el estado apoyara la gestión municipal. Nuevo León es 85 por ciento urbano, se concentra casi todo en Monterrey y su área conurbada. Si el estado se deslinda de responsabilidad por la mancha metropolitana, estará sobrado de recursos para atender su parte… pero abandonar a Monterrey hará que crezcan los delitos serios que deba atender Fuerza Civil.
Nuevo León y Monterrey deben ponerse de acuerdo juntos para atender a la vez la función preventiva y la correctiva, dejando de lado jurisdicciones. Pero para empeorar el asunto, los apoyos federales para el asunto serán menores a los esperados, porque Nuevo León no está considerado zona crítica.
