Como si se tratara de dos gobiernos en uno, la política ambiental de Ciudad de México es ambivalente, contradictoria, con luces y sombras que un día dan esperanzas de cambio para sepultarlas al siguiente.
Es de celebrar el Reto Verde, un ambicioso plan de reforestación de 10 millones de plantas y árboles para mejorar la calidad del aire, en especial en zonas como la alcaldía de Iztapalapa, la sierra de Santa Catarina o el cerro de la Estrella, y una inversión millonaria en los tres viveros oficiales para la producción masiva de árboles.
También los trabajos de saneamiento del Canal Nacional, desde la desembocadura del río Churubusco hasta el Periférico, a lo largo de ocho kilómetros en los que se restauran taludes, se renueva el alumbrado, se siembran flores y plantas, se construyen caídas de agua que sirven como aireadores y un bello parque lineal.
Cómo no celebrar la prohibición de bolsas de plástico de un solo uso que ha transformado las prácticas de consumo en la ciudad. Así como la próxima entrada en vigor de las modificaciones a la Ley de Residuos Sólidos que impedirá, a partir de 2021, el uso de plásticos desechables que se han multiplicado por la epidemia de covid.
O la cancelación del acuerdo que Claudia Sheinbaum heredó de Miguel Ángel Mancera para una millonaria planta de incineración de basura (termovalorización) que fue desechada por resultar más un negocio privado que una solución pública.
Bienvenida también la decisión de no construir un nuevo segundo piso en el oriente, la vialidad de paga denominada Autopista Urbana Oriente que desde hace varios lustros impulsan los empresarios constructores y los ingenieros formados a la antigua, en donde para resolver el tráfico sólo se pensaba en construir más vialidades.
Pero todo ello se estrella con la obcecación para destruir tres hectáreas de un área protegida en Xochimilco, para construir una vialidad elevada que dejará a la ciudad millones de metros cuadrados de pavimento en el mismo lugar donde antes llegaban aves migratorias.
Sí, el “puente” en Periférico sur es más bien un segundo piso de 3 kilómetros de extensión contra el que luchan los integrantes de la Coordinación de Pueblos de Xochimilco y cuyo futuro pende de una resolución del décimo octavo Tribunal Colegiado, desde el 21 de junio que recibió el caso.
En nombre de niños y niñas de Xochimilco, que consideran su futuro en riesgo por la depredación del humedal en el Periférico, ese grupo y su abogado Alejandro Velázquez, consiguieron una primera suspensión provisional de las obras por parte del juez Juan Carlos Guzmán Rosas, quien después revocó su propia resolución.
Otra denuncia fue interpuesta ante la Procuraduría Ambiental pero no se ve mucha determinación de Mariana Boy para enfrentarse al gobierno local por esa obra.
Mientras los magistrados deliberan, las aplanadoras rellenan el humedal y la constructora apura las obras gracias a las gestiones de la Secretaría del Medio Ambiente, para cuyo juicio la zona ya no es un área natural protegida. Al final, la desazón es más agria que dulce.
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