Me parece que será un error del Gobernador Enrique Alfaro la -aún no presentada- iniciativa que pretende modificar la Constitución local, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la Ley Orgánica del Ejecutivo, ya que le permitiría interferir en forma grave en la vida institucional del Poder Judicial y el Tribunal de Justicia Administrativa, especialmente en el nombramiento nuevos Magistrados.
Reitero, como lo hice en columnas anteriores, que la participación del titular del Ejecutivo en la convocatoria, pero sobre todo en la formulación de la terna para designar Magistrados es una facultad discrecional que daña la independencia del Poder Judicial. Si bien es cierto, de acuerdo al proyecto de iniciativa, la elección definitiva corresponderá al Legislativo, pero no será difícil para el Gobernador que las ternas estén integradas por perfiles afines a sus intereses.
Un aspecto relevante de la propuesta es establecer como requisito que los integrantes de la judicatura aprueben exámenes de control y confianza, pero para cumplir con el principio de equidad y ya encarrerado el ratón, también sería buena idea que se sometan a éstos controles a los integrantes del gabinete estatal. Creo que judicialmente esta será una de las cuestiones más controvertidas, sobre todo entre los integrantes del Poder Judicial que ya fueron designados previamente, pues exigirán que no se aplique dicha medida de manera retroactiva.
Como antecedente debemos recordar la experiencia que se ha tenido entre las fuerzas policiacas, donde se depuró a muchos elementos que resultaban perjudiciales para el servicio, sin embargo, en algunos supuestos, los controles no resultaron infalibles y ocasionaron el cese injustificado de buenos policías. Por ello, esperemos que no sea utilizado como garrote político y, en caso de aprobarse, exista la suficiente transparencia para asegurar que los resultados sean confiables.
Además, hay otros aspectos muy rescatables, como la aplicación de exámenes de oposición y la intervención del Comité de Participación Social. Lamentablemente omite atender aspectos fundamentales en el debate por una “refundación” del judicial, como los procesos para designación de jueces, acciones afirmativas para garantizar la paridad de género y la carrera judicial.
Esta iniciativa se sumaría a las presentadas por las fracciones del PRI, PRD, Morena y el diputado Salvador Caro, así como la recomendación emitida por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción para la designación de Jueces y Magistrados, por lo que no puede analizarse y votarse “al vapor”, sino que la relevancia de la problemática exige forzosamente un profundo estudio y análisis.
Es una gran oportunidad para el Centro de Investigaciones Legislativas del Congreso, encabezado por el Doctor Ruiz Moreno. Dicho órgano fue creado específicamente para situaciones como la que nos ocupa, donde es necesaria la intervención expertos que gozan de autonomía técnica por ley, en razón de lo cual podrán estudiar las propuestas, así como la tendencia en el derecho comparado de forma imparcial.
Este no se trata del único reto pendiente para la transformación del Poder Judicial, pero sí es un gran paso. Por ello, deberá ser tomada en consideración la opinión de los integrantes de los colegios de abogados de la ciudad (al menos los que reúnen la mayor cantidad de agremiados, como ANADE, BMA e INCAM).
Un importante indicador de los retos que se enfrentan en la materia es el Ranking de opacidad judicial en México “(In)Justicia Abierta”, elaborado por el colectivo Equis, en el cual Jalisco se ubicó en el espacio 22 a nivel nacional, después del estado de Tlaxcala.
En otro tema, debemos aplaudir la iniciativa que presentaron en conjunto los diputados Héctor Pizano, Quirino Velázquez, Salvador Caro y Enrique Velázquez sobre la imprescriptibilidad de los delitos relacionados con hechos de corrupción. La misma tiene como antecedente reformas a la Constitución Nacional de Argentina, así como diversos fallos dictados por los tribunales del país del sur.
Las repercusiones negativas que ha tenido la corrupción en contra del Estado son inmensurables, sobre todo ante el índice tan alto de impunidad, pero la percepción generalizada de insostenibilidad del Estado de derecho nos da un atisbo de ello, por lo que podemos afirmar que la institucionalidad está en una severa crisis en México, por lo cual la iniciativa planteada no podía ser más oportuna, aunque, también será interesante el análisis de la constitucionalidad de la propuesta.
@hectorromerof2
