La inflación en México volvió a escalar: llegó a 8.16 por ciento en la primera quincena del mes de julio, la cifra más alta en los últimos 21 años, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La suba de los precios está lejos de ser transitoria y, mucho menos, de considerarse un fenómeno local: países como Estados Unidos, Canadá e Inglaterra enfrentan las tasas de inflación más altas en las últimas cuatro décadas. Hablamos de que todas las personas que tienen menos de cuarenta años no habían vivido un escenario en el cual los precios estuvieran tan altos. Claro, tampoco habían vivido una pandemia, los confinamientos y un montón de consecuencias.
Al igual que México, las economías de todos los países buscan encontrar la fórmula, la estrategia, las acciones exactas para tratar de contener la escalada de los precios sin con ello terminar de espantar al crecimiento económico. Y el impacto de los precios, como bien sabemos, es mucho más duro en países que tienen niveles de pobreza y precariedad altos, como los latinoamericanos. Bien lo dijo hace algunos días el secretario ejecutivo interino de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Mario Cimoli: Latinoamérica vive “un decenio de crisis acumuladas”, entre las que se destacan la crisis financiera internacional, el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, así como la pandemia y sus consecuencias.
Cuando vemos que el encarecimiento de los precios de los productos básicos, sobre todo los alimentos, tienen un efecto más poderoso en los sectores más vulnerables, no sólo estamos ante un empobrecimiento coyuntural, momentáneo y de causa única. Estamos ante empobrecimiento de las poblaciones empobrecidas, ante la precarización de lo que ya era precario. Y esto se debe a una larga lista de crisis que se superponen, que se reproducen y que, al igual que los virus, sufren mutaciones con cada variante, con cada nuevo suceso que contribuya a que la gente tenga menos recursos para vivir.
No debería sorprendernos la aparente ironía de que el país con mejor pronóstico de crecimiento económico esté sacudido por protestas callejeras: Panamá tendrá un repunte de 6.3 por ciento este año pero la gente está descontenta y enojada. La suba de los precios es el detonador de crisis más antiguas, como la desigualdad, los salarios insuficientes y las carencias sociales. Lo vimos en forma emblemática en el caso de Chile, que pese a ser el país latinoamericano que más redujo la pobreza en treinta años, también se convirtió en uno de los más desiguales del mundo, y también los precios provocaron protestas e hicieron visible el descontento antes de la crisis de la pandemia.
El problema de los precios altos es urgente. Pero detrás de esa urgencia hay una gran cantidad de crisis no resueltas y que ya no pueden seguir siendo sepultadas por cada nueva crisis. No es cuestión de precios, sino de educación, de ciencia, tecnología, desigualdad, empleos, pobreza y precariedad. Hay que desanudar las crisis de fondo para que las siguientes sean más leves.
