El país sigue de barbarie en barbarie. La última en Reynosa: cacería de inocentes; muertes terribles, injustas, absurdas. Pero impotentes pues no podrán modificar la equivocada e insensible política del Presidente, que sigue aferrado a sus mitos de consecuencias cada vez más letales: inacción (abrazos y no balazos), militarización inútil y contraproducente y subsidios ineficaces. Su insensibilidad y terquedad son tan escandalosas como las 86 mil personas asesinadas en lo que va de su sexenio.
Los operativos del Cártel de Sinaloa para favorecer a candidatos de Morena en las elecciones del pasado 6 de junio en ese estado (documentados con todo detalle por la revista Ríodoce; vale la pena leer el reportaje) dan cuenta del proceso avasallador de esa organización por apoderarse del gobierno estatal para usarlo en su beneficio. Otra barbarie, que tarde o temprano se traduce en sicarios del crimen organizado cazando ciudadanos o soldados, como lo hicieron en octubre de 2019 cuando doblegaron al Ejército para liberar a Ovidio Guzmán.
Y es que la lógica de las organizaciones criminales es implacable, especialmente cuando el Estado no les pone límites. En la Historia del Narcotráfico en México (Editorial Aguilar, México, 2013) analicé esa lógica. En términos económicos, en nuestro país se ha pasado del narcotráfico a la extracción de rentas sociales (secuestro, extorsión a personas y cobro de piso a negocios), al control de otros mercados ilegales (narcomenudeo, huachicol, tráfico de migrantes, trata de personas, etcétera); luego a la apropiación de rentas públicas (obra pública municipal y presupuesto social) y, finalmente al control de actividades económicas legales mediante la “expropiación” de empresas, negocios, huertas, minas (como es el caso del limón y el aguacate en Michoacán, la minería en Coahuila y la pesca en Tamaulipas).
La expansión empresarial para incrementar la rentabilidad de las organizaciones criminales requiere de otra lógica en el ámbito político: la captura y reconfiguración de las instituciones estatales en los municipios y estados. Es algo que va mucho más allá de la tradicional corrupción policial. Ella es solo el primer escalón, pues además implica: a) poner a las policías municipales y partes de las estatales a trabajar para ellos; b) la apropiación completa del ayuntamiento (alcalde, cabildo, áreas como la de obras públicas, etc.) como lo hicieron en Iguala cuando la masacre de los normalistas y en muchas partes de Michoacán; c) control de áreas fundamentales de los gobiernos estatales, como ministerios públicos y jueces estatales, diputados locales y, si se puede tener al gobernador como socio o empleado, mejor.
La finalidad de esa captura y reconfiguración de las instituciones públicas (ponerlas al servicio de sus intereses y no de los de la sociedad) no es solo impedir que los persigan, es crear redes de apoyo que legitimen y normalicen política y socialmente a las organizaciones criminales como el único poder real. Y eso trastoca por completo el orden político, económico y social; somete a la sociedad, acaba con la democracia y el estado de derecho; en pocas palabras, sustituye al Estado por uno mafioso. Y para agravar el problema, esto está ocurriendo con la bendición explícita del presidente López Obrador, pronunciada en su mañanera del 7 de junio: “los delincuentes se portaron bien”. ¿Qué tienen en la cabeza AMLO y los líderes de la 4T?
Guillermo Valdés Castellano
