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Domingo , 21.04.2019 / 22:12 Hoy

Doble mirada

Reflexiones sobre el juicio del ‘Chapo’

Guillermo Valdés Castellanos

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La condena al Chapo Guzmán tiene un valor más simbólico y político que real para el negocio del narcotráfico. Qué bueno que la carrera delictiva –especialmente su parte violenta, aquella que tuvo que ver con las guerras que promovió contra otras organizaciones, las cuales causaron más de 40% de los homicidios cometidos entre 2007 y 2012– del principal capo de la organización de narcotraficantes más importante de la historia de México sea castigada con cadena perpetua. Tres reflexiones al respecto.

Primera, qué mal que la justicia no se haya hecho en México. La decisión de extraditar al Chapo fue el reconocimiento de la incapacidad estructural de la procuración de justicia mexicana de llevar a juicio y lograr una sentencia condenatoria a criminales de la talla de Guzmán Loera (sin olvidar el problema que significa la vulnerabilidad de las cárceles de “máxima seguridad”). El Chapo no podía ser juzgado en nuestro país porque la PGR no tiene la capacidad de armar una investigación judicial sólida y a prueba de las triquiñuelas de los abogados defensores, expertos en todos los recursos legales para liberar a sus clientes.

La discontinuidad de los altos funcionarios de la PGR —de procuradores y subprocuradores— se traduce en investigaciones truncas e incompletas; las deficiencias de los procesos de investigación por falta de peritos y personal especializado para disponer de evidencias incontrovertibles; la reticencia de las fuerzas armadas a judicializar su inteligencia y a compartirla adecuadamente con los ministerios públicos; la ausencia de un programa sólido y eficiente de testigos protegidos que le permita obtener información comprobable de primera mano y válida judicialmente, son algunos de los factores por los cuales los expedientes de la PGR sobre los líderes del narcotráfico suelen ser endebles ante los jueces, sin descontar la eventual venalidad y la clara vulnerabilidad de algunos de éstos. Si no se fortalecen radicalmente las capacidades de la procuración de justicia mexicana en sus dos niveles, la justicia seguirá haciéndose en Estados Unidos.

Segunda. Una consecuencia de que la justicia se haga allá, es que los juicios destacarán los aspectos mexicanos del narcotráfico de acuerdo con la agenda política de la DEA: la tradicional corrupción de nuestras autoridades, la maldad de nuestros capos; la violencia de nuestras ciudades, etcétera. Y no porque no sea cierto todo eso. El caso es que nunca aparecen ni son enjuiciados los componentes de Estados Unidos en el problema: las redes de distribución y la corrupción de sus policías, ni la escandalosa demanda que alienta el narco en México o el tráfico de armas. Se refuerza así la sempiterna narrativa maniquea del problema: los malos acá, los buenos allá.

Tercera. El Chapo ya era irrelevante para el negocio del narcotráfico. Lo que tenía que cambiar en su organización lo hizo desde que fue detenido por tercera vez en enero de 2016. La de Sinaloa es una organización muy consolidada que no dependía de un solo líder. Podrá estar debilitada —aunque no sepamos exactamente cuánto— pero sigue disputándose junto con el cártel de Jalisco Nueva Generación el dominio del negocio. La lógica del crimen del narcotráfico obedece y cambia más por la dinámica del mercado de las drogas en Estados Unidos y por la política en su contra (o la omisión de ella) que por la detención de los capos.

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