La persecución política de 31 científicos y académicos a cargo de la FGR y su titular —muy mal disfrazada de investigación contra la corrupción y de denuncia judicial por parte de la directora del Conacyt— con el aval de la Presidencia de la República —tengan para que aprendan de qué se tratan los abrazos y no balazos que pregona AMLO— es un episodio para la historia de la infamia política en México, por lo que significa en términos de la degradación del ejercicio del poder y el uso político de la justicia.
La SCJN ya había decidido que los recursos públicos que recibía y ejercía el Foro Consultivo del Conacyt eran legales. Además, el juez ante el cual la FGR solicitó en dos ocasiones las órdenes de detención de los científicos acusados de crimen organizado y lavado de dinero, aseguró que la FGR no tiene elementos para sostener la acusación y por tanto que no procedía detenerlos. Aún así, la Fiscalía está dispuesta a seguir haciendo el ridículo, pues dice que solicitará por tercera ocasión las órdenes de detención.
Detrás de este caso hay varios asuntos, todos graves y preocupantes. El primero es la voluntad de la actual directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, de imponer una política en materia de ciencia y tecnología ideologizada al máximo. Hay que hacer ciencia popular, del pueblo y para el pueblo, ya que la que se había hecho es neoliberal y corrupta y los integrantes del Foro Consultivo son la representación de ella. A la cárcel de máxima seguridad, aunque los recursos que ejercieron eran legales (según la SCJN) y bien utilizados de acuerdo con los reportes de la Auditoría Superior de la Federación. Se trata, al parecer, de vencer las resistencias de la comunidad científica contra la actual política en materia de ciencia y tecnología, mediante el temor de ser encarcelado por corrupto.
De parte de la FGR está además la saña personal del fiscal Alejandro Gertz Manero, quien durante muchos años fue rechazado por los científicos del Conacyt para formar parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), debido a la falta de méritos académicos de sus trabajos. Al parecer, es la oportunidad de vengarse de quienes con justicia no le reconocieron sus méritos. La actual directora del Conacyt ya promovió su incorporación al SIN, lo cual se dio de inmediato, pero otro académico, Guillermo Sheridan, demostró que uno de los libros de historia escritos por Gertz es un plagio descarado.
Estamos presenciando un episodio en el que la procuración de justicia se vuelve un instrumento de: a) venganza personal; b) imposición de una política pública y, c) mensaje político de amedrentamiento a los críticos y opositores del gobierno, todo eso bajo las nuevas leyes aprobadas por la 4T que pone los recursos jurídicos más poderosos –—los de la prisión preventiva a las actividades del crimen organizado—al servicio de un funcionario que no tiene contrapesos —el fiscal general—y tampoco escrúpulos para utilizarlos contra científicos y de un presidente que lo que mejor sabe hacer es descalificar, polarizar y dividir.
Una disculpa a los lectores que seguramente ya leyeron antes mucho de lo aquí expuesto. Pero lo que me decidió a escribirlo es que no debemos permitir que esta utilización política y personal de la justicia se normalice, pues sería gravísimo para la sociedad y la democracia. Van ya muchos casos en estos tres años.
Guillermo Valdés Castellano
