Ya no hay que darle muchas vueltas. A menos que se tenga mucha fe en el poder transformador de Andrés Manuel López Obrador (creencia que no se sustenta en la razón, sino en la pura esperanza, en el deseo justo y necesario de que las cosas cambien) o tengas otros datos (de esos imaginarios, que nadie sabe dónde están, ni de dónde salen o qué dicen), hay suficiente evidencia para confirmar que: a) Va creciendo la distancia entre las buenas intenciones del Presidente y lo que va resultando por ejemplo en materia de crecimiento económico o del respeto de los derechos humanos de los migrantes; b) Las políticas escogidas para terminar la corrupción, la inseguridad y la desigualdad, no son las adecuados y que en algunos casos están provocando lo contrario de los objetivos buscados, como la escasez y el deterioro de los servicios de salud o el incremento de la violencia homicida; c) La concentración de poder en la Presidencia ha provocado el debilitamiento del sistema de contrapesos, desaparición o inanición de órganos autónomos como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Como si lo anterior fuera poco, el diagnóstico y el pronóstico del país se agravan debido al estilo autoritario de gobernar del Presidente, que no escucha ni atiende razones, que descalifica a todos los críticos y opositores, a los medios y hasta a sus colaboradores; que se esconde todas las mañanas en un discurso lleno de lugares comunes, acusaciones, fantasías y contradicciones; que su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución es cada vez más incierto (por decirlo suavecito).
En la medida en que el presidente López Obrador persista en su cerrazón y cancele cualquier posibilidad de rectificación por mínima que sea, como lo ha hecho hasta ahora, el enfrentamiento con la realidad será cada vez mayor. Como él va a insistir que tiene otros datos y que el país va requetebién, el país y los mexicanos que sí vivimos en la realidad pagaremos la ceguera y terquedad presidenciales.
En otras palabras, el futuro no pinta bien. Los datos del deterioro económico, de seguridad y de muchos servicios públicos los conocemos. Los relativos al debilitamiento y destrucción de instituciones públicas y las amenazas a la democracia son quizá los de mayor gravedad, ya que si se rompen las condiciones que garantizan la equidad de la competencia electoral, se debilitan o anulan las libertades y la pluralidad que hacen posible el debate y la definición conjunta del rumbo del país, no habrá manera de detener o modificarlo en muchos años. Además, la polarización social y el desencanto seguirán en aumento, como lo comienzan a señalar las encuestas.
Frente a este panorama, la prioridad de la oposición entera (partidista, social, ciudadana) debe ser organizarse y coordinarse para cuidar y defender las instituciones y las reglas de la democracia, de manera que las elecciones intermedias en 2021 sean legítimas y competitivas y sus resultados puedan producir el reequilibrio de los poderes. Solo de esa manera se podrá iniciar un proceso democrático real, que genere debates y negociaciones incluyentes sobre el futuro y se eliminen los riesgos del autoritarismo.
Es decir, solo una democracia fortalecida por una oposición unida que restablezca los equilibrios del poder puede salvar a López Obrador de sí mismo (y de paso al país). A trabajar.
