El presidente López Obrador tomó una decisión equivocada de enorme trascendencia sobre el manejo de las crisis sanitaria y económica. Al considerar que sus repercusiones serían reducidas, decidió que no sería necesario cambiar las prioridades de gobierno. Es decir, que los programas sociales definidos originalmente y sus montos presupuestales serían suficientes para compensar los daños de la recesión económica: el desempleo masivo y la reducción drástica de los ingresos de las familias. Por tanto, la decisión consistió en no alterar significativamente su política social, lo cual es un error grave pues ésta no tiene como objetivo proteger a las familias afectadas por la crisis económica y, por tanto, no lo va a hacer. Este es el primer mito que desmentir.
Aunque el monto asignado a los programas sociales prioritarios es considerable (313 mil millones de pesos), la mayor parte de ellos están destinados a grupos sociales que no son los directamente afectados por la recesión económica. De ese monto, 41 por ciento (129.5 mil millones) son para los adultos mayores, que en su mayoría ya no forman parte de la fuerza de trabajo. Otro 20 por ciento (59.5 mil millones de pesos) se destina a las becas para estudiantes de educación básica y media superior que son todos menores de 18 años y que tampoco participan en la PEA.
Los apoyos a personas con discapacidad suman 14 mil millones y a los campesinos del programa Sembrando Vida les tocarán 28.5 mil millones. Tampoco ellos se encuentran entre los afectados por la recesión. Otros diez programas (precios de garantía, tandas para el bienestar, fertilizantes, reconstrucción del sismo, etc.) que se llevan 18 por ciento del presupuesto (54 mil millones) tampoco protegen a los perjudicados por la crisis. Solo el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que recibirá en todo el año 25 mil millones, 8 por ciento, protegerá a un grupo afectado por la crisis. En otras palabras, 92 por ciento del enorme gasto social no servirá para paliar los efectos de la recesión. Los datos aquí citados provienen de la SHCP.
Según el Inegi, entre marzo y junio se perdieron ya 1.1 millones de empleos formales. Pero ese es el dato menor de la tragedia. En las crisis económicas de 1995 y 2008, cuando se cayó el empleo formal creció el informal, lo cual era obvio, pues al no haber seguro de desempleo, la gente tiene que conseguir ingresos y los busca en la economía informal. El problema de esta crisis económica es que, por primera vez, la economía informal es la más dañada. De acuerdo con la información del Inegi, para abril de este año el empleo informal había decrecido 32.5 por ciento. Es decir, que uno de cada tres empleos informales desapareció (entre nueve y diez millones). Al menos temporalmente. Se sabe que en tiempos de crisis la economía informal y la migración a Estados Unidos son las válvulas de escape social y político. La primera no está funcionando en esta ocasión, por lo que la segunda funcionará, hasta que Trump se enoje.
El segundo mito es que este gobierno es el que más recursos ha destinado a programas sociales en la historia del país. Información de Coneval lo desmiente. Este año todos los programas sociales suman un billón, 63 mil millones. En 2014, el presupuesto fue de un billón 161 mil millones y luego Peña Nieto lo redujo hasta ser de un billón. AMLO lo está recuperando, pero no ha llegado al nivel de hace seis años. Tanto dinero y tan poco que servirá contra la nueva pobreza. Lástima de los mitos en los que cree AMLO. Por un Ingreso Vital.
