Esta semana en el Congreso del Estado se ha realizado un provechoso foro sobre la reforma judicial en Jalisco. Si bien, el tema de coyuntura es la discusión de las seis iniciativas que se han presetado sobre el perfil y forma de elegir a los magistrados. Se ha coincidido en que debe emprenderse una reforma integral del Poder Judicial de Jalisco.
Sintetizando, lo que debe esperarse de un buen servicio de resolución judicial de controversias es que sea: a) Imparcial y confiable; b) Efectivo; y c) Oportuno y accesible. Para alcanzar y consolidar estos atributos, se debe atender al menos los temas de: 1) Independencia Judicial; 2) Organización, administración y modernización de la gestión judicial; 3) Marco legal del proceso (reingeniería de procesos, revisión y modernización de la legislación porcesal); 4) Desarrollo del potencial de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC); 5) Reducción de los costos asociados al proceso y acceso a la justicia; y 6) Cultura legal, Profesión y capacitación jurídicas.
Para cada uno de estos ámbitos hay lineamientos internacionales, experiencias comparadas y documentación de buenas prácticas nacionales y extranjeras. Debe integrarse una amplia mesa de diálogo social debe abordar los diversos aspectos de esta reforma judicial integral. Una reforma parcial generaría resultados ineficientes, por ejemplo, se habla de un presupuesto suficiente y fijo para dar certeza en el largo plazo al Poder Judicial, pero si no va acompañado de una reingeniería de procesos y modernizacion del sistema y tecnologías de gestión, se podría tener un servicio muy costoso e ineficiente. Por ejemplo, Edgardo Buscaglia y Thomas Ullen demostraron que la proporción del presupuesto dedicado al Poder Judicial es mucho más alto en Latinoamérica que en la mayoría de los países de Europa, y pareciera estar asociado de manera inversa con la efectividad y reconocimiento social de la judicatura.
Comentamos en nuestra colaboración anterior (Milenio Jalisco, 8 de mayo de 2019) las características que debe tener una auténtica carrera judicial, que es el principal blindaje de la independencia y autonomía Judicial. El desarrollo tecnológico y organizacional de los tribunales y un sistema claro, sencillo y transparente de indicadores de desempeño, resultados e impacto son fundamentales. Por ejemplo medidas como concentrar y profesionalizar los servicios de notificación; utilizar intensamente los mecanismos electrónicos para acortar distancias y tiempos.
Desarrollar el potencial de los MASC, como la mediación y conciliación. Los jueces señalan que llegan a tener cargas de trabajo de más de cuatro mil expedientes al año. Si se promoviera la justicia alternativa se podría reducir en al menos un 20% la carga de trabao del Poder Judicial (actualmente el Instituto de Justicia Alternativa atiende el 8% de la carga de trabajo de los asuntos atendidos por el Poder Judicial). Con este descongestionamiento los tiempos de atención se reducirían significativamente. De acuerdo con un estudio del Banco Mundial, en México los asuntos mercantiles se resuelven en más de 300 días; en tanto que en la justicia alternativa se resuelven estos asuntos en 30 días.
Se deben de medir la duración y costos asociados de los procesos y fortalecer el seguimiento del desempeño de los profesionales del derecho para garantizar la calidad de los servicios jurídicos, así como fortalecer a las instancias de asesoría legal gratuita públicas y privadas. Los observatorios ciudadanos de la justicia propician su evaluación y transparencia. Querétaro, Cohuila, la Ciudad de México, entre otros, muestran avances y buenas prácticas que podríamos aprovechar. Hay disposición de los profesionales de la administración de justicia, de la academia, de la sociedad civil y las organizaciones
empresariales para realizar una sinergia que nos brinde la certeza jurídica y el acceso a la justicia que esperan y merecen los jaliscienses.
guillermo.zepeda@coljal.edu.mx
@gzepeda_lecuona
