Seguimos analizando los indicadores del Comité para la Evaluación y Seguimiento del sistema acusatorio en materia penal, a diez años de la implementación en todo el país de este sistema de justicia penal. Como se ha referido se plantearon cuatro soluciones alternativas, para que solo llegara a la etapa de juicio los delitos de mayor impacto.
Dada la complejidad y la cantidad de recursos que demandan los juicios orales: tres o cuatro días de audiencias y que las víctimas, peritos, testigos, fiscales, ministerios públicos dediquen varios días a preparar las audiencias; así como el tiempo del juez dedicado exclusivamente a un caso; se estimaba que solo debería llevar a juicio aquellos casos en los que, por política criminal y por el agravio a las víctimas la fiscalía no quisiera negociar y reducir las posibles sanciones a los imputados, o bien aquellos casos en los que los imputados estuvieran decididos a no usar salidas alternativas y esperar la absolución en un tribunal.
Se estimaba que si más de 10% de los casos se llegaba a juicio oral, el sistema podría colapsar. Se consideró, igualmente, que lo deseable sería que por cada juicio oral hubiera 8 o 9 procedimientos abreviados.
Analizando las estadísticas más recientes del país, de 2024 (censo 2025 del INEGI), tenemos que solo 13% de los 2.1 millones de carpetas de investigación concluyeron con la imputación de un delito y el ejercicio de la acción penal por el ministerio público contra los imputados. De esos 278 mil procesos iniciados, únicamente 33,322 casos llegaron a sentencia, 20 mil en procedimientos abreviados por 13 mil juicios orales. Es decir, apenas tres procedimientos abreviados por cada dos juicios orales. Esta es la media nacional, pero como todo en México, hay una gran disparidad entre los estados, pues mientras que en Nayarit, por cada juicio oral hay 25 procedimientos abreviados, once en Durango y 9 en Baja California Sur; en cambio en el extremo contrario del indicador en Morelos solo hubo 0.03 procedimientos abreviados por cada juicio oral, 97% de los procesos fueron juicios orales (129), contra 4 procedimientos abreviados; y en Tabasco hubo 11% de juicios orales (29), respecto de 89% de procedimientos abreviados: 270. En Jalisco el indicador es de casi dos procedimientos abreviados por cada juicio oral.
Otro supuesto del sistema acusatorio es que el referente del sistema es un buen juicio oral en el que el ministerio público pueda demostrar más allá de una duda razonable la responsabilidad del imputado. Por lo tanto, la tasa de absolución debería ser baja como indicador de que las fiscalías están haciendo bien su trabajo. Sin embargo, la tasa nacional de condena no es tan alta como debiera: 81%, es decir, 19% de los imputados son absueltos (un margen de error y de violación de derechos muy grandes). En Guerrero el juicio oral es un volado: 50% es absuelto y 50% es absuelto, quizá por ello la fiscalía le ofrezca procedimiento abreviado al 52% de los procesados. Cuatro estados tienen más absueltos que condenados. La tasa de condena menor al 50% en: Morelos (49.5%); Michoacán (43.2%); Campeche (23.1%); Durango (20%); y Quintana Roo (16.5%). Jalisco tiene 67.2% de condena. Los análisis particulares son inquietante en varios casos.
