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Martes , 19.02.2019 / 01:17 Hoy

Laberinto de la legalidad

Cultura de legalidad en las policías

Guillermo Raúl Zepeda Lecuona

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“Sin leyes no hay seguridad; por consiguiente, no hay abundancia, ni aun subsistencia cierta, y la única igualdad que puede existir en este estado es la igualdad de desgracia”

Jeremy Bentham


Este fin de semana me invitaron a dar una plática a policías municipales. El tema me pareció desafiante: “la policía y la cultura de la legalidad”. En la medida que exponía mis ideas respecto de que solo si hay Estado de derecho puede surgir y arraigarse la cultura de la legalidad, percibía que los policías no parecían considerar aquella información como material útil o aplicable en su actividad cotidiana.

Buscando involucrarlos en el tema les ofrecí un ejemplo concreto: la carrera policial, la forma en la que se brindan ascensos o promociones por los años de servicio. Les pregunté si en la carrera policial se cumplían las características de un Estado de derecho, ¿las reglas se construyen de manera democrática, se les consultan los criterios, se socializan los reglamentos? ¿Las reglas protegen adecuadamente sus Derechos, su antigüedad, honestidad, lealtad y buen desempeño? ¿Las reglas son aplicadas por instancias independientes y se aplican por igual y sin excepciones a todos los elementos de la corporación?

Con estas preguntas, los policías no solo salieron de su letargo, sino que se dio una catarsis: “yo llevo 27 años trabajando y nunca me han dado un

ascenso”, “hay jóvenes que ya salen de la academia con grado, sin más mérito que ser familiar o amigo de algún directivo”, “las comisiones de evaluación son simulaciones, ya se tienen las listas de quienes serán promovidos”. Con tan contundente evidencia (aunque anecdótica pero muy amplia), quedó claro que no se cumplían en esta materia las características del Estado de derecho.

Por lo tanto, era evidente que tampoco podría arraigar una cultura de la legalidad: ¿Tienen certeza de los derechos y los incentivos que tienen para avanzar en su carrera? ¿Apoyan y respetan a las autoridades encargadas de aplicar las reglas de admisión, permanencia y promoción en la corporación? ¿Entonces tienen a disposición para asumir su responsabilidad en caso de que infringir esas reglas o criterios? ¿Tienen incentivos para reprochar, rechazar y denunciar las violaciones a las reglas? Obvio, las respuestas también fueron negativas.

Creo que si hacemos esta aplicación concreta a la mayoría de los ámbitos normativos no reúnen los requisitos del Estado de derecho: abrir un negocio; la inspección y supervisión de reglamentos municipales; licencias de construcción; los concursos de oposición para cátedras, notarías o espacios en las escuelas; e incluso la creación o reforma de las leyes. Por eso no se respetan las normas ni a las autoridades que las aplican. Por eso no hay cultura de la legalidad y los incentivos son a pasar por encima de los demás para acceder a los privilegios (“privados de ley”) de procesos viciados y parciales.

Los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil, los observatorios y las autoridades debemos estar atentos a que se fortalezca el Estado de derecho: que se discutan ampliamente las normas; que se construyan procesos transparentes, justos y efectivos de aplicación; que los políticos saquen las manos de los órganos de aplicación, para construir la fortaleza institucional y afianzar los incentivos al cumplimiento espontáneo de las normas.

Es urgente porque nuestra sociedad se está disolviendo por la falta de respeto a las normas, la no cooperación, se está perdiendo la solidaridad, nuestra economía decae y la desigualdad se exacerba por las asimetrías en la certeza y en los costos de acceder a las instituciones y a la justicia.


guillermo.zepeda@coljal.edu.mx


@gzepeda_lecuona





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