Los supuestos clústers industriales (de la era del nativismo) que renovarían fama y prestigio a Monterrey, se vuelven enclaves de corrupción por intereses apenas disimulados. Salta a la vista que no sólo los gobiernos y sus tripulaciones políticas medran con el tráfico de influencias, también lo hace la IP, sin cuyo concurso no serían posibles los jugosos negocios bajo la mesa. Así la clase empresarial regiomontana y la política se identifican en el usufructo del erario a través de innumerables modalidades, etiquetadas bajo el dudoso beneficio incorroborable de inversiones que desarrollarán a la entidad.
El caso Kia ha hecho aflorar esa vieja práctica de beneficiar a sectores empresariales e industriales con onerosísimas exenciones impositivas y hasta compromisos y donaciones tanto en pecuniario como en infraestructura a modo del inversionista, y con terrenos propiedad del Estado, todo bajo poca o nula regulación.
En teoría existe una ley que no permite este tipo de apoyos arriba de un tope del cinco por ciento sobre la inversión. Pero, si así lo aprueba un Consejo integrado por el gobernador y varios de sus secretarios, la misma ley se anula a sí misma. Entonces el cielo es el límite del tope. No hay restricción alguna y de ahí en adelante la ley vale lo mismo que un jarro quebrado.
Por eso suena a fanfarria hueca la reticencia del gobierno rodriguista para cumplir con Kia los compromisos pactados por su antecesor ya que de antemano, El Bronco sabe que la tiene perdida, pues el medinismo y sus beneficiarios por lo menos en este rubro tienen a la ley como guarida (además que no le ayudan los expedientes secretos de sus colaboradores como el exhibido contra Turner en el Congreso). Por si fuera poco, mete su baza en el embrollo el secretario federal de Economía que ahora funge como ángel protector del reformismo peñanietista. Ildefonso Guajardo, adueñado de su papel de salvador de la patria para la eternidad contra cualquier contrarreforma, ya sostiene encuentros de advertencia con el gobernador de NL, inexperto y urgido de apoyo federal. La complicidad es la suma de conveniencias mutuas.
Es poco probable que Kia resulte apenas raspada pues aún reduciendo algunas prerrogativas que se le otorgaron, éstas son tantas y de tal cuantía que poco le hará al gato quitarle un pelo, como reza el refrán.
Más aún, si el ánimo justiciero de El Bronco fuera en serio, bien haría en pasar por el tamiz del escrutinio a otra concesión fabulosa del medinismo: la que en un atentado ecológico irreversible otorgó a FEMSA más de 245 mil metros cuadrados del parque La Pastora, a un valor catastral de más de 15 millones de pesos, en donde el premio principal son los ricos mantos acuíferos que cruzan la zona para cuya futura explotación el estadio rayado sirve sólo de pretexto, según expertos (como el urbanista Jorge Longoria).
Aquí en modo apenas diverso a Kia, lo que FEMSA ofrece es risible a comparación del usufructo freático del manantial aledaño a sus terrenos concesionados por 60 años: plantar y mantener cuando menos dos mil 068 árboles nativos; mantener el 30 por ciento del predio con cobertura vegetal; contar con un programa integral de reciclaje y disposición de desechos sólidos; contar con un programa de ahorro de agua que mantenga el riego de jardines con agua residual tratada; lograr que asistentes a los eventos lo hagan a través del transporte público o bien, que en sus vehículos lo hagan con el mayor número de ocupantes; utilizar parte del estacionamiento para deportes como caminata, basquetbol, voleibol, futbol rápido; participar y realizar aportaciones en conjunto con el Gobierno del Estado y el municipio de Guadalupe, al fideicomiso que se constituya para el desarrollo del proyecto Nuevo Parque Ecológico La Pastora; instalar dentro del área concesionada una clínica de futbol dirigida a los niños y jóvenes de Guadalupe; otorgar a estudiantes destacados de Guadalupe el uno por ciento de boletos sin costo; uso gratuito del estadio para eventos del Gobierno; aportar cuatro vehículos para vigilar las instalaciones y seguridad de colonias aledañas.
El Bronco y su equipo harían bien en preguntarse: ¿ya cumplió FEMSA siquiera estas ridículas obligaciones y qué autoridades lo comprueban?
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