El anhelo universal del ser humano es vivir en armonía, con justicia y libertad en la sociedad.
Para ello, está el Estado, quien es el rector y ejecutor de las leyes que propician el orden social.
Ahora bien, para un Estado de derecho robusto es necesario que el derecho sea el principal instrumento de gobierno; que la ley sea capaz de guiar la conducta humana; y, que los poderes e instituciones la interpreten y apliquen congruentemente.
Pero, cuando se ve que en un territorio no prevalecen los basamentos indispensables y absolutamente necesarios para la convivencia armónica de los individuos en la sociedad, como la legalidad, justicia, la paz; y, en el que no se puede salvaguardar lo más preciado que tiene el ser humano: la vida, vale destacar que existe un Estado de derecho fracasado al no cumplir y garantizar su cometido.
Tal es el caso de México, donde hay regiones del país en que el Estado en sus tres órdenes de gobierno, se ha hecho ineficaz porque sólo tiene un control nominal sobre su territorio ya que destacan la inseguridad, violencia, corrupción e impunidad.
Adonde, también, sobresalen grupos armados que desafían su autoridad.
En este contexto, notamos cómo bandas criminales -todos los días- asesinan, secuestran, levantan y/o desaparecen no sólo a sus rivales sino a las propias fuerzas del Estado, a representantes populares, sociales y religiosos, así como, a integrantes del colectivo social.
En esta problemática de hechos cotidianos, de tantos crímenes, fosas clandestinas, en la cual la violencia narco desafía nuestra capacidad de asombro ya que alcanza niveles inusitados, la impunidad y el olvido, se convierten en refugio de asesinos.
De esta manera, donde la numeralia de la muerte crece, nada más evidente que percibir al Estado de derecho: secuestrado.
En un reparo poco común, relativo a la falta de funcionalidad del Estado de derecho, integrantes del gobierno del Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, han dicho que, en el país, "los esquemas de justicia y seguridad, están quebrados".
Relevantes voces, dentro del gobierno y fuera de él, coinciden en ello: gobernador del Banco de México, banqueros, empresarios y analistas.
En este aspecto, el propio secretario de Gobernación, ALFONSO NAVARRETE, informó el lunes 12, que en el vigente proceso electoral han sido asesinados 30 políticos.
La vitalidad de la nación y de la sociedad, requieren se rescate con urgencia el imperio del Estado de derecho.
