Las reformas laborales son una de las conquistas clave de la administración actual, transformando el salario mínimo de un impedimento para la distribución justa de la riqueza a un emblema de justicia social. Durante el gobierno de López Obrador se ha registrado un incremento sin precedentes del salario mínimo, elevándolo de 2 mil 687 a 7 mil 500 pesos, y hasta 11 mil 403 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte, garantizando que quien lo gane no caiga en condición de pobreza por ingreso.
Por décadas, la política de contención salarial, establecida en los años setenta y sostenida por el argumento de controlar la inflación, no solo descuidó las necesidades de los trabajadores sino que exacerbó la desigualdad y la pobreza.
Esta política no fue cuestionada por los gobiernos sucesivos en más de tres décadas. Sin embargo, la actual administración ha demostrado que el alza en el salario mínimo no influye en la inflación, no perjudica a las empresas ni promueve el empleo informal. De acuerdo con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), las empresas mexicanas, con altos márgenes de ganancia, pueden manejar estos aumentos. Además, el empleo formal creció 14 por ciento, superando el incremento del informal de 7 por ciento.
La estrategia salarial de la cuarta transformación demuestra que es posible alcanzar acuerdos donde una porción más grande de las ganancias y la productividad empresarial beneficie a las y los trabajadores, reconociendo que el crecimiento económico debe basarse no solo en las exportaciones sino también en la innovación, la tecnología y el consumo interno.
Los resultados de esta política son evidentes: el porcentaje de personas en condición de pobreza laboral se encuentra en el nivel más bajo desde 2008, y el incremento del salario mínimo ha tenido un impacto sustancial en la reducción de la pobreza. El fortalecimiento del poder adquisitivo de las y los trabajadores ha estimulado el consumo interno y se ha convertido en un pilar del crecimiento económico, con una tasa actual de crecimiento anual de entre 3 y 4 por ciento.
Mirando hacia el futuro, el desarrollo económico de México se vinculará con una nueva ola de reformas laborales que irán más allá del aumento salarial para incluir mejoras en flexibilidad laboral, desarrollo del capital humano, transferencia de tecnología y productividad. Además, avanzar hacia la igualdad de género en el trabajo enriquecerá la nación al incorporar a las mujeres que actualmente están fuera de la fuerza laboral remunerada debido a responsabilidades de cuidado. Establecer sistemas de cuidado que faciliten su participación en el mercado laboral y promuevan el desarrollo temprano de habilidades en la infancia tendrá un impacto positivo duradero.
La primera ola de reformas laborales generó un cambio significativo en la política salarial de México y abrió un diálogo con el sector empresarial, aumentando la conciencia sobre los beneficios de un mercado laboral sólido.
Para seguir avanzando hacia un país con salarios justos y crecimiento inclusivo, es vital mantener este enfoque estratégico. Esto implica una colaboración continua entre el gobierno, las empresas y los trabajadores, y un compromiso firme con los derechos y el bienestar de todos los mexicanos. Además, es crucial tener la valentía de cuestionar y reformar las políticas neoliberales anteriores que han limitado el crecimiento equitativo y el desarrollo del país.
