La reforma del Ipejal corre el riesgo de empezar por el lugar más cómodo y más injusto. Cobrarles más a los trabajadores, alargar su vida laboral y reducir el valor de su jubilación, antes de recuperar lo perdido y exigir cuentas a quienes defraudaron con miles de millones. Resulta políticamente más sencillo modificar las reglas de retiro de quienes sí aportaron, que abrir los expedientes de quienes saquearon el dinero. Una reforma que castiga primero al trabajador y deja intacta la impunidad, no corrige el quebranto. Lo normaliza y justifica.
¿Otra reforma a Ipejal para cobrarle más a los trabajadores? Lo que se requiere es una para impedir que quienes manejan su dinero vuelvan a disponer de sus aportaciones para inversiones fraudulentas. Ése es el punto que se esconde detrás de los estudios actuariales, las pensiones doradas y las propuestas de cambios para responsabilizar a los trabajadores del quebranto de Ipejal. El problema no es sólo cuánto falta. Es más relevante, ¿quién arriesgó las aportaciones y por qué nadie lo impidió?
La primera cirugía debe hacerse para devolver contrapesos externos a las decisiones de inversión del Instituto. Desde 2009 el Consejo Directivo y el Comité de Inversiones acumularon facultades para comprometer miles de millones sin controles proporcionales al riesgo. El Congreso de Jalisco debe recuperar capacidad real de supervisión sobre las operaciones mayores, para que ninguna decisión multimillonaria vuelva a encubrirse.
Segundo. Las operaciones relevantes deben pasar por auditorías especializadas, vigilancia independiente y controles externos por parte de los trabajadores. La transparencia posterior ha servido para contar cadáveres. Lo que se necesita ahora es impedir que el dinero se pierda.
Tercero, hay que cerrar la puerta a las inversiones de alto riesgo. Un fondo pensionario no es banco de inversión, desarrollador inmobiliario ni incubadora para empresarios cercanos al poder. Abengoa, TMM, Chalacatepec y Villas Panamericanas dejaron una lección muy cara. La prioridad no es ganar espectacularmente. Es, ¡no perder espectacularmente!
La cuarta reforma es terminar con la discrecionalidad. Los trabajadores deben conocer portafolios, fideicomisos, valuaciones, estudios de riesgo, intermediarios, comisiones, rendimientos, pérdidas y votaciones. Cuando se administra dinero ajeno, el secreto no protege una estrategia financiera. Protege a quien no quiere explicar sus decisiones.
Quinto, hay que recuperar el patrimonio. Registrar una inversión como fallida no debe ser el epitafio administrativo del dinero desviado. Deben agotarse las vías civiles, administrativas y penales para recuperar cada peso posible. Las pérdidas del Ipejal no son números en una hoja de cálculo. Son años de salario descontado a trabajadores que confiaron en Ipejal.
La sexta reforma exige poner nombre y apellido a las decisiones. Toda operación debe tener trazabilidad.
¿Quién arriesgó las aportaciones y por qué nadie lo impidió?
Quién propuso, quién evaluó, quién recomendó, quién votó, quién autorizó y quién decidió mantener una inversión cuando aparecieron señales de riesgo. La responsabilidad colectiva suele ser la forma más efectiva de fabricar impunidad. Cuando todos son responsables, al final no responde nadie.
Séptimo. Hay que corregir las “pensiones doradas”. Estas deben resolverse con una fórmula jurídicamente sólida. Intentar convertirlas en explicación total del problema es una coartada. Un puñado de pensiones excesivas no explica años de inversiones fraudulentas, fideicomisos opacos y decisiones patrimoniales en complicidad.
Antes de aumentar cuotas, reducir derechos, elevar edades o empujar cuentas individuales, la autoridad debe responder ¿qué pasó con el dinero aportado? ¿Cuánto se perdió, cuánto puede recuperarse, quién responderá y qué cambiará para garantizar que las nuevas aportaciones no terminarán administradas bajo las mismas reglas fraudulentas que produjeron este desastre?
Si la reforma comienza metiendo otra vez la mano en el bolsillo de quienes ya pagaron, sin meter antes la mano en los expedientes de quienes defraudaron al Ipejal, esto no será una mejora. Será la socialización del quebranto, el “Fobaproa” de Jalisco. Para Ipejal, perder el dinero de los trabajadores no ha tenido consecuencias. Para los trabajadores, sí.
