M+.- La intolerancia del régimen a la crítica es extrema y persistente:
El 23 de septiembre de 2025 Armando Corona Arvizu, diputado de Morena, presentó una iniciativa para agregar dos artículos al Código Penal Federal y el 29 de mayo reciente, con variantes del mismo propósito, la presidenta Claudia Sheinbaum envió la suya para reformar las leyes federales de Derechos de Autor y de Protección a la Propiedad Industrial.
Avezados en redes temen que la burla, los cartones y las parodias terminen siendo criminalizadas.
Mientras Corona quiere castigo por contenidos que afecten la reputación de servidores públicos (en este caso las penas serían mayores), la mandataria sostiene que debe sancionarse a proveedores que difundan sin autorización voces, fonogramas, imágenes y obras que no apliquen o cuenten con mecanismos automáticos para bajar los mensajes de “usuarios reincidentes” y que se pretende, asimismo, acabar con la piratería.
La cibercensura, pues, quedaría en manos de particulares y el gobierno se lavaría las manos.
Se trata de “sancionar el uso no autorizado de los símbolos, logotipos o identidad gráfica del gobierno cuando se empleen con fines comerciales, de engaño y fraude o para inducir a un error relevante en el mercado”, pretexta la iniciativa presidencial.
No se establece una prohibición general de los memes, la parodia ni la sátira, pero organizaciones como Artículo 19 o la Red por la Defensa de los Derechos Digitales previenen contra la ambigüedad en la redacción de los artículos, porque avizoran riesgos de afectaciones y censura al ejercicio de la crítica pública.
Los promotores de las propuestas juran y perjuran que no se trata de prohibir la sátira, el humor ni la caricatura política, sino de “frenar el ciberacoso”, evitar el abuso, la suplantación con inteligencia artificial y proteger los derechos de autor.
El senador panista Ricardo Anaya cree que se puede afectar a periodistas, cartonistas y creadores que utilizan elementos oficiales en contenidos satíricos y se pregunta:
“¿A qué nos referimos con que se corrija? A que se diga de manera expresa que hay una excepción a periodistas, que hay una excepción a parodias y se tiene que maximizar el debate y la libertad de expresión. Dejarlo en los términos en que está el dictamen es usar el T-MEC de pretexto para, por abajo de la mesa, introducir una prohibición para que ya no haya en redes sociales, en televisión y en radio, parodias y críticas al gobierno, que sabemos les molestan mucho”.
La Red por la Defensa de los Derechos Digitales denuncia que el mecanismo de “notificación y retirada” automática de los mensajes obliga a las plataformas a convertirse en censores privados mediante el uso de algoritmos de bloqueo automático.
Y Artículo 19 afirma que una “ley “antimemes” provocaría un efecto inhibidor por ambigüedad jurídica de términos tales como “ridiculizar”, advirtiendo que su redacción busca silenciar de manera preventiva a periodistas, comediantes y activistas…
