Karla Margarita Pérez Jiménez estudiaba medicina en la Universidad Cuauhtémoc y realizaba su internado en el Hospitalito de Zapopan. Su feminicidio deja una familia devastada y una pregunta que las autoridades deben responder con algo más que condolencias. ¿Qué están haciendo para que las mujeres puedan desplazarse sin jugarse la vida?
La captura del presunto responsable representa un avance. Su responsabilidad deberá acreditarse ante un juez. Pero una detención no cancela la obligación de revisar las acciones de prevención. Investigar después del crimen y proteger antes de que ocurra, son responsabilidades inseparables.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio puso el dedo en la llaga. Según su denuncia, desde el dictamen del 12 de noviembre de 2024 no se ha convocado al grupo encargado de evaluar el cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género en Jalisco. El mecanismo sigue vigente, pero su vigilancia acumula pendientes.
La omisión importa. Sin evaluación actualizada, la sociedad pierde una herramienta para saber qué medidas funcionan, cuáles se incumplen y quién debe corregirlas. Una política que no rinde cuentas facilita que las autoridades confundan actividad administrativa con protección efectiva. Los expedientes pueden avanzar mientras la seguridad permanece inmóvil.
Entre enero y julio de 2026, Jalisco registró 57 muertes violentas de mujeres, 15 clasificadas como feminicidio y 42 como homicidio doloso. La distinción jurídica es necesaria. El tamaño de la tragedia obliga a mirar el conjunto y a exigir resultados verificables, más allá del discurso oficial.
Los gobiernos deben publicar avances, recursos ejercidos y compromisos incumplidos. La autoridad federal debe reactivar la evaluación. Los municipios deben responder por la seguridad de sus espacios y trayectos. La coordinación exige responsables, plazos y consecuencias.
Karla tenía derecho a estudiar, trabajar y volver a casa. Su familia merece verdad, justicia y reparación. Las demás mujeres merecen algo más que aprender a sobrevivir entre recomendaciones de precaución. Cuando los gobiernos piden a las mujeres que se cuiden, también deben explicar quién vigila que ellos cumplan. Una alerta que no se evalúa corre el riesgo de terminar protegiendo sólo a la burocracia.
