El problema en Mirador de San Isidro no es una discusión entre quienes están a favor de la vivienda y quienes se oponen a ella. Presentarlo así es maniqueo. El programa Legado tiene un propósito social legítimo. Que policías y trabajadores públicos puedan acceder a una vivienda digna es una política socialmente relevante. Lo que no es defendible es creer que la nobleza del fin autoriza cualquier ubicación, cualquier procedimiento y cualquier atropello.
Los vecinos no protestan contra la vivienda. Protestan porque el Ijalvi pretendió levantar diez torres con 200 departamentos sobre un predio usado durante décadas como espacio de cesión para equipamiento, áreas verdes y recreación. Su reclamo es elemental. La ciudad también se construye con parques, árboles y espacios comunes. Defender un área verde no es egoísmo vecinal. Es ejercer el derecho a decidir sobre el entorno inmediato y exigir que la autoridad explique, consulte y justifique por qué pretende transformarlo.
El problema del Ijalvi es por la falta de pericia con la que decidió hacerlo. Un proyecto de esta dimensión, en una zona habitada y sobre un terreno cuya vocación era controvertida, exigía diagnóstico social, estudios urbanos y ambientales, diálogo previo y una estrategia política mínima. El instituto hizo exactamente lo contrario. Llegó con el proyecto decidido, los vecinos se enteraron cuando la decisión estaba tomada y, ante la resistencia, la respuesta transitó de la indiferencia a la confrontación.
Por eso resulta relevante la intervención de Juan José Frangie. El alcalde de Zapopan entendió algo que el Ijalvi parece haber olvidado. Gobernar un municipio también significa defender la interlocución con sus habitantes y preservar la autoridad local frente a decisiones burocráticas que impactan directamente su territorio. Frangie propuso tres predios alternativos y una permuta mediante la cual Zapopan conservaría Mirador de San Isidro para convertirlo en un “bosque urbano”. El gobernador calificó la propuesta como “extraordinaria” y ya la analiza.
La salida es sensata, pero también exhibe la dimensión de la torpeza original. Si existen tres alternativas, ¿por qué fue necesario desalojar vecinos, desplegar policías, litigar contra ellos y llevar el conflicto hasta los tribunales antes de considerar otro terreno?
La pregunta adquiere mayor importancia porque Jalisco está a semanas de iniciar el proceso electoral. Zapopan no es un municipio cualquiera para Movimiento Ciudadano. Es uno de sus territorios estratégicos. Convertir una política de vivienda en un conflicto prolongado con miles de vecinos, por incapacidad para escuchar, sería políticamente una torpeza (otra). Frangie defiende a los colonos, pero en realidad está evitando que una pésima operación política y burocrática incendie un territorio cuya estabilidad importa mucho al partido gobernante.
Y entonces apareció el Poder Judicial. El Juzgado Cuarto de Distrito concedió la suspensión provisional para impedir nuevos movimientos de tierra, remoción de vegetación, excavaciones o alteraciones topográficas. El Séptimo Tribunal Colegiado declaró infundadas las quejas promovidas por el gobierno estatal y el Ijalvi. No es todavía una sentencia definitiva sobre el fondo del amparo. Pero el mensaje jurídico ya es suficientemente claro. Cuando existe la posibilidad de un daño irreversible al entorno, el poder público también debe detenerse.
Esa es quizá la dimensión más relevante del caso. El derecho a la ciudad no consiste solamente en tener una casa. Incluye también el derecho al espacio público, al medio ambiente sano, a participar en las decisiones que transforman el territorio y a no ser tratado como un obstáculo administrativo cuando se exige una explicación.
Mirador de San Isidro deja una lección para los voraces constructores. Un buen proyecto puede convertirse en una mala política, cuando se ejecuta sin sensibilidad y sin inteligencia territorial. Algún genio quiso construir vivienda y terminó construyendo un conflicto político.
El gobernador tiene ahora la oportunidad de corregirlo. No como concesión a los vecinos, sino como reconocimiento de que gobernar una ciudad exige algo más que disponer del poder y el suelo público. Requiere escuchar también a quienes la habitan.
