Hay carreteras malas por su asfalto, y otras peores que dejaron de cumplir totalmente su función. La carretera Guadalajara–Manzanillo cobra como autopista, pero opera como camino de obras infinitas, que no ofrece seguridad, continuidad ni certeza. Se paga por llegar, aunque no se sabe cuándo.
“Canacar” señala que un recorrido de carga que antes requería tres horas ahora consume siete. En días críticos llega a catorce. Transportistas han necesitado doce horas para avanzar menos de setenta kilómetros. Las empresas calculan un aumento de 25 por ciento en combustible, viáticos, desgaste y compensaciones a operadores.
Para un automovilista es un viaje de horror, con pésimo servicio hasta en el cobro de peaje. Contraflujos improvisados, carriles estrechos, tramos sin iluminación, barreras que no se distinguen, cierres tardíos, casetas de cobro con filas de kilómetros, donde los tags ya no los leen sus maquinas. Los transportistas señalan que los accidentes crecieron 20 por ciento durante las obras. Mientras tanto, una unidad de carga puede pagar dos mil 500 pesos por dos recorridos y quedar atrapada durante horas. La cuota se cobra completa, pero el recorrido es de terror.
El Congreso de Colima reconoció el problema. El 15 de julio exhortó a la SICT a reforzar la señalización horizontal, vertical y luminosa; a la Seidum a informar sobre cierres y desvíos; y a la Guardia Nacional a establecer patrullajes permanentes. Pero fue sólo un exhorto. No ordenó auditar las concesiones, sancionar retrasos, reducir peajes ni publicar estadísticas de accidentes. El Congreso reconoció la crisis, pero sin exigir cuentas. Mientras todos sufrimos la autopista, los legisladores federales de Colima y Jalisco guardan silencio inexplicable ante un perjuicio diario a los usuarios.
En 2021 se anunció que la ampliación Armería–Manzanillo entraría en operación en septiembre de 2023. En 2026 transportistas seguían denunciando tramos con más de ¡tres años y medio inconclusos! Ahora se promete terminar la ampliación a seis carriles en diciembre. Mientras llega la siguiente fecha, el usuario paga una y otra vez por una obra que no concluye, y una seguridad que no recibe. Un fraude diario se comete en esta “autopista del terror”.
La responsabilidad está dividida entre autoridades, concesionarios, operadores y constructoras. Esa fragmentación se volvió la coartada perfecta para la impunidad y el abandono del conductor a su suerte. Todos participan en reuniones, pero nadie responde por el usuario. No existe una planeación compatible con el tránsito, rutas para carga pesada, grúas permanentes, iluminación, información en tiempo real y un calendario público por tramo para verificar avances y aplicar sanciones.
Las consecuencias económicas son incalculables. La Asociación de Hoteles de Manzanillo sostiene que ocho de cada diez visitantes llegan por carretera. En la primera quincena de julio esperaba una ocupación de 62 por ciento, pero alcanzó apenas 40. Canirac reporta caídas de 30 por ciento en los ingresos de los restaurantes. Los exportadores calculan aumentos de hasta 30 por ciento en seguros, vigilancia y protección de mercancías. Comerciantes de Tecomán señalan que las ventas se desplomaron porque los viajeros evitan la ruta. El SNTE logró una jornada a distancia para docentes expuestos al congestionamiento diario. Los pasajeros de autobús sufren retrasos de hasta siete horas.
La carretera ya no sólo encarece el comercio exterior y ahuyenta al turismo. Altera jornadas laborales, horarios escolares, citas médicas y expone la vida cotidiana. Todo ocurre mientras el transporte de contenedores del puerto aumentó 9.9 por ciento durante el primer semestre. Se intervino el principal corredor logístico del Pacífico, pero sin crear capacidad temporal suficiente para sostener su demanda. La improvisación total.
La Guadalajara–Manzanillo puede considerarse hoy una de las peores autopistas de cuota. Incumple las tres promesas que justifican un peaje: seguridad, rapidez y certidumbre. Hoy pagas ¡por nada! Es una carretera estratégica administrada como contingencia permanente, donde el concesionario cobra, la autoridad exhorta y el usuario absorbe todas, todas las pérdidas. Es un fraude público impune, un recorrido del terror, eso sí, bajo cuota.
