El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco eligió el peor momento para exhibir sus fracturas. En plena transición de su presidencia, con 2027 en el horizonte y con el peso del desgaste de credibilidad que les dejó la elección de 2024, las y los consejeros llevaron a votación el nombramiento de quien sería el segundo funcionario más importante del organismo, sin contar con los consensos mínimos.
El resultado fue grotesco. La presidenta provisional (colgada de alfileres), Claudia Alejandra Vargas, presentó la propuesta de Juan Jesús Ramírez para ocupar la Secretaría Ejecutiva y terminó prácticamente sola, sosteniendo su candidatura con un voto. El nombramiento no alcanzó la mayoría calificada y la sesión dejó expuesta una realidad incómoda. El IEPC no logró procesar sus diferencias antes de sentarse frente a las cámaras.
Que existan desacuerdos en un órgano colegiado no es novedad. Lo delicado es convocar a una sesión pública para demostrar que justo no existen acuerdos, que la Presidencia no tiene los votos, y que el Consejo es incapaz de construir una mayoría para una decisión tan relevante.
Contar votos es elemental, pero en un instituto electoral, debería serlo todavía más. Si se sabía de antemano que la propuesta no reuniría cinco de los siete votos necesarios, tenían margen para seguir negociando, retirar el punto o de plano diferirlo. Con un mínimo de oficio y compromiso institucional, esa votación no debió llegar al pleno en esas condiciones. La Secretaría Ejecutiva es una pieza central, y quien desempeñe el cargo acompañará buena parte de la gestión de la nueva presidencia que todavía selecciona el INE.
Ahí reside otra contradicción. Claudia Vargas encabeza una presidencia efímera cuya responsabilidad debería ser conducir una transición ordenada y dar estabilidad al organismo. Sin embargo, ayer la sesión consiguió lo contrario. En lugar de transmitir gobernabilidad, exhibió aislamiento. En lugar de mostrar capacidad de articulación, reveló ausencia total de liderazgo. En lugar de fortalecer la institucionalidad, proyectó debilidad.
El contexto vuelve más grave el episodio. El IEPC no llega a esta transición con un capital de confianza intacto. La elección de 2024 estuvo rodeada de inconsistencias y retrasos. Sin resultados preliminares, con impugnaciones y una percepción pública de desorden que, aunque no anuló jurídicamente los resultados, sí deterioró la credibilidad del órgano electoral. La validez jurídica no borra una crisis de confianza.
Por eso la prioridad debería ser reconstruir autoridad, no escenificar conflictos. A ello se suma que el INE está en pleno proceso para designar a la presidencia definitiva. Estamos frente a un interinato que debería administrar con prudencia cada decisión importante. Resolver ahora la Secretaría Ejecutiva puede tener algún sustento legal, pero exigía una decisión impecable, una propuesta capaz de generar confianza, y un consenso amplio para que el nombramiento no apareciera como imposición de una presidencia transitoria sometida al gobierno.
También pesa la discusión presupuestal para 2027 y las reuniones de las consejerías con el Gobierno de Jalisco. Existe evidencia suficiente para afirmar que el presupuesto se puede negociar a cambio de influir en nombramientos. Pero en materia electoral no basta con ser independiente. También hay que parecer inequívocamente independiente. En ese contexto, la transparencia debería ser absoluta.
Lo ocurrido no es una anécdota burocrática. Es una señal de alarma. El fracaso no consistió en que Juan Jesús Ramírez no fuera designado. El verdadero yerro fue llevar su nombre a votación, sin contar con las condiciones políticas para aprobarlo. Una presidencia provisional puede tener todas las facultades legales, pero si no logra construir mayorías, esas facultades terminan convertidas en una demostración de impotencia.
El IEPC necesita llegar a 2027 con autoridad moral, estabilidad interna e independencia. Difícilmente podrá pedir confianza a los ciudadanos si antes no consigue generarla dentro de su propio Consejo. Y si el Instituto no puede reunir cinco votos para gobernarse a sí mismo, la pregunta inevitable es, ¿con qué autoridad pretenden solicitarnos la confianza para las elecciones que deben de organizar?
