En Jalisco, desaparecer es una tragedia. Buscar a un desaparecido se ha convertido, además, en una batalla contra la burocracia. Mientras miles de familias recorren fosas, hospitales y servicios forenses, el gobierno multiplica oficinas, funcionarios y presupuestos, sin que ese crecimiento institucional se traduzca necesariamente en mejores resultados.
La reciente comparecencia de autoridades ante colectivos de búsqueda en el Congreso de Jalisco dejó al descubierto una contradicción que lastima. La Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, creada por el gobierno, es cuestionada por quienes deberían encontrar en ella una solución, un bálsamo. Las familias denuncian que, lejos de facilitar las investigaciones, se ha convertido en una instancia adicional que obstaculiza su comunicación directa con las dependencias responsables. Es decir, en un obstáculo.
No es una acusación menor a la luz de las circunstancias. La institución creada para resolver un problema termina administrándolo, de forma que su existencia merece una revisión rigurosa. La eficacia pública no se mide por el número de oficinas inauguradas, sino por los resultados que ofrecen. Aquí, casi nada.
Jalisco acumula más de 16 mil personas desaparecidas. Una agencia ministerial puede concentrar hasta 470 expedientes. Los laboratorios forenses están saturados y la vicefiscalía reconoce que necesita nueve agencias adicionales. Mientras tanto, las familias siguen esperando respuestas que no llegarán.
Se presume una bolsa superior a 2 mil 263 millones de pesos para la búsqueda integral durante 2026. Sin embargo, buena parte de esos recursos se distribuyen entre distintas instituciones y estrategias de seguridad. Disperso, inoperante. Más presupuesto anunciado no significa necesariamente mayor capacidad para localizar personas.
El contraste presupuestal resulta revelador. Según investigaciones periodísticas, las inversiones destinadas a preparar a Jalisco para el Mundial de Fútbol superaron ampliamente los recursos asignados directamente a las principales dependencias de búsqueda. No se trata de contraponer deporte y justicia, sino de preguntarnos qué lugar ocupa cada tragedia en las prioridades del poder.
La desaparición de personas no admite una política de apariencias. Requiere investigadores, especialistas forenses, inteligencia aplicada y resultados verificables. Sobre todo, exige escuchar a quienes llevan años haciendo el trabajo que corresponde a los gobiernos. La verdadera dimensión de esta crisis no está solamente en quienes faltan, sino en la incapacidad institucional para encontrarlos.
Un gobierno puede justificar sus presupuestos, multiplicar sus dependencias y celebrar sus grandes acontecimientos y comunicados. Lo que no puede justificar es que las familias sigan encontrando más puertas burocráticas que respuestas sobre sus familiares desaparecidos.
