Mientras millones de trabajadores se jubilan con ingresos apenas suficientes, una minoría de exfuncionarios recibe pensiones que superan con amplitud el salario de quienes hoy encabezan las instituciones públicas. En muchos casos no son prestaciones construidas con ahorro personal, sino privilegios sostenidos con recursos del erario.
La reforma al artículo 127 constitucional aprobada y publicada busca cerrar esa brecha. Ninguna jubilación o pensión del personal de confianza de organismos descentralizados, empresas públicas, entidades de participación estatal o municipal y fideicomisos públicos podrá exceder la mitad de la remuneración de la persona titular del Ejecutivo federal. El límite alcanza también pensiones ya otorgadas y obliga a revisar contratos y disposiciones internas.
La reforma no elimina el derecho a una pensión digna. Intenta impedir que el retiro se convierta en una prolongación del privilegio burocrático. Excluye las aportaciones voluntarias, los fondos sindicales complementarios, las pensiones no contributivas y los regímenes de las Fuerzas Armadas. El dinero público no puede financiar remuneraciones exorbitantes de por vida.
El cambio llega en un momento delicado para Jalisco. El Instituto de Pensiones del Estado arrastra una crisis que ya no puede explicarse sólo por malas inversiones. A los quebrantos derivados de Abengoa, TMM, GHO y otros proyectos fallidos se suma una estructura pensionaria desigual, servicios médicos deteriorados y un creciente desequilibrio entre aportaciones y obligaciones futuras.
En ese contexto, las llamadas ‘pensiones doradas’ son más que una provocación moral. Son una carga que erosiona la viabilidad del sistema. Cada pensión desproporcionada absorbe recursos que deberían destinarse al pago de miles de jubilados, a mejorar la atención médica y a preservar el fondo. Defender esos excesos como derechos intocables equivale a pedir que la mayoría subsidie privilegios que nunca tuvo.
La reforma tendrá efectos sobre el IPEJAL, aunque no de manera indiscriminada. No significa que todas las pensiones serán reducidas ni que el personal de base o sindicalizado perderá automáticamente sus prestaciones. El límite está dirigido al personal de confianza de organismos descentralizados, empresas públicas, fideicomisos y demás entidades incluidas en el artículo 127.
El propio IPEJAL es un organismo público descentralizado. Por ello, las pensiones de sus antiguos funcionarios de confianza pueden quedar sujetas al nuevo techo. También deberán revisarse las del personal de confianza de otros organismos estatales o municipales afiliados al sistema. La aplicación deberá distinguir la entidad de procedencia, la naturaleza del nombramiento, las aportaciones del trabajador, el ahorro voluntario y los recursos financiados por el Estado.
La reforma no autoriza un recorte masivo. Obliga a identificar caso por caso dónde termina el derecho pensionario y dónde comienza el privilegio pagado con dinero público.
Jalisco deberá armonizar su legislación y establecer un procedimiento transparente. La Ley del IPEJAL ya contempla un límite pensionario, pero el nuevo techo constitucional es menor para los casos comprendidos. Eso obligará a revisar expedientes, recalcular prestaciones y enfrentar resistencias de quienes se beneficiaron de reglas excepcionales.
No se trata de enfrentar a jubilados contra trabajadores activos, ni de responsabilizar a quienes reciben pensiones ordinarias por la crisis del Instituto. Un sistema público sólo puede sobrevivir si protege derechos, distribuye cargas con justicia y elimina privilegios.
El IPEJAL no se salvará únicamente recortando pensiones doradas. Necesita recuperar inversiones, sancionar responsabilidades, corregir su estructura salarial, mejorar sus servicios médicos y reconstruir su sostenibilidad actuarial. Pero ningún rescate será creíble mientras continúen pagándose jubilaciones exorbitantes en un organismo que pide sacrificios a sus afiliados.
La reforma no resuelve por sí sola la crisis del Instituto, pero cambia una regla decisiva. A partir de ahora, la austeridad también debe llegar al retiro de las élites burocráticas. Cuando un sistema está al borde del colapso, proteger privilegios no es defender derechos. Es acelerar la quiebra.
