Las fiscalías anticorrupción corren el riesgo de convertirse en órganos formales con escasa efectividad material y susceptibles de captura por los poderes constituidos. De forma que, llegan a convertirse, de facto, en armas punitivas para aplicar una justicia selectiva o para perseguir a los adversarios políticos del gobierno.
Las fiscalías anticorrupción, sin garantías reales de autonomía y sin titulares con independencia profesional comprobada, son en los hechos herramientas de justicia discrecional o de encubrimiento. Lejos de fortalecer el Estado de Derecho, reproducen lógicas de persecución o alientan la impunidad. Una fiscalía capturada no solo fracasa, sino que traiciona su propósito original.
A propósito de la designación inminente del Congreso de Jalisco de esta figura, es importante advertir que la ley faculta al gobernador para enviar una terna, y que esta puede no coincidir con los perfiles ‘mejor evaluados’. Pero también es verdad que la legitimidad de la designación no se construye solo desde la legalidad, sino desde la confianza pública. Y esa confianza se erosiona cuando la selección parece responder más a afinidades políticas, que a méritos profesionales.
Un ejemplo elocuente ha sido el caso de Brasil, donde el juez Sergio Moro lideró la operación ‘Lava Jato’, con un discurso de combate frontal a la corrupción, pero posteriormente aceptó un cargo como ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro, quien fue directamente beneficiado por las decisiones judiciales que inhabilitaron a los principales oponentes de Bolsonaro (como lo hizo con Lula).
La politización de la justicia y la judicialización de la política, cuando se confunden y se utilizan recíprocamente, erosionan el equilibrio de poderes, el Estado de Derecho y la democracia.
Jalisco requiere un fiscal con visión institucional, no con lealtades personales; con experiencia amplia y diversa, no con expedientes construidos en la cercanía o por indicaciones del gobierno; con autoridad moral, no con sospechas pendientes. Un perfil más independiente que pueda ejercer su función sin temor, ni favor. Si el fiscal anticorrupción termina respondiendo al mismo poder que debería vigilar, la corrupción deja de ser combatida para convertirse en norma.
