Perseguir los delitos electorales en una democracia avanzada es una rareza, pero no lo es en democracias incipientes como la nuestra, donde las prácticas ilegales en materia comicial son tan comunes, que se han vuelto parte de la vida cotidiana.
Son un elemento más de la normalidad política de México, que ha terminado por acostumbrarse a competencias electorales plagadas de diversos ilícitos.
Por esa razón es importante combatirlos, para que las victorias electorales sean producto de la voluntad popular y no de acciones ilegales.
En este contexto, la designación de Héctor Díaz Santana como nuevo titular de la FEPADE, después de casi dos meses en que estuvo acéfala, es una buena noticia a medias.
Lo es porque al fin hay quien toma las riendas de una institución tan importante para combatir los frecuentes delitos electorales.
No lo es tanto porque el proceso electoral federal comenzó hace más de dos meses, junto con muchos otros de las 30 entidades federativas que tendrán elecciones en 2018.
Además, Díaz Santana solo estará once meses en el cargo, tiempo que lógicamente no lo motivará para realizar acciones de largo plazo.
Lo más probable es que llegará a cumplir con instrucciones precisas para desahogar lo urgente, cerrar muchas investigaciones explosivas y hacer la mayor presencia posible en todo el país, especialmente en las 30 entidades federativas en donde habrá elecciones locales.
Tomando como antecedentes al Estado de México y Coahuila es lógico que habrá muchas denuncias que la FEPADE deberá atender.
Ahí es donde estará la mayor dificultad para esta institución.
Si en 2017, que solo hubo elecciones locales en el Estado de México, en Coahuila, en Nayarit y en Veracruz, la FEPADE no contó con suficientes elementos para cubrir el territorio de esas entidades, no es difícil imaginar que en 2018 le será imposible abarcar todo el país.
Eso lo saben quienes promueven los delitos electorales, por eso han actuado y actuarán con la mayor impunidad. Saben que violar las leyes electorales en México resulta barato.
Hay un elemento más que contribuirá a incrementar la impunidad electoral.
La FEPADE está debilitada.
La salida de Santiago Nieto, el 20 de octubre pasado, y seguramente de parte de su equipo de trabajo, para incorporar gente de confianza del nuevo fiscal en puestos clave, hace previsible que la institución no mantendrá el mismo perfil; que el combate a los delitos electorales adquirirá otra dinámica.
