En poco tiempo, la narrativa del rector de la Universidad de Guadalajara respecto al gobierno de Jalisco, pasó del amor al odio. Este salto subrepticio no le viene bien a Ricardo Villanueva, ni a la universidad, ni a Jalisco. La comunidad estudiantil y la comunidad académica merecen a un rector autónomo y no un actor político que haga las veces de vocero de un grupo de poder interno.
La mejor versión de Villanueva se agotó cuando el Congreso de Jalisco reorientó el presupuesto para favorecer la conclusión del Hospital Civil de Tonalá y posponer, que no cancelar, la construcción del Museo de Ciencias Ambientales.
Más allá de la anécdota del rector llenando de elogios al gobernador en distintos eventos, queda la sensación de la pérdida de sentido de la universidad como una institución que entendía y leía su papel, no de relleno, ni como solapadora del poder en turno, sino como un brazo informado que aportaba certidumbre a las decisiones de Estado frente a la pandemia. Si el diálogo interno y el consenso se rompió en la Mesa de Salud, a propósito de la decisión del regreso a clases, podemos decir que el tiempo, hasta ahora, le dio la razón tanto al gobierno federal como al estatal.
En su discurso, el rector pasó de colocar al museo a la par del hospital, a olvidar el museo, y afirmar que el gobierno del estado está negándole recursos a la universidad, esto, pese a que, según datos que se pueden consultar en la propuesta de presupuesto para el siguiente año, hay un incremento del dinero que el estado le destina a la UdeG.
Los dimes y diretes entre el rector y el coordinador de diputados de Movimiento Ciudadano en el Congreso, lejos de parecer un ejercicio de diálogo democrático, parecían la escena de una mala película de la mafia.
El rector no puede condicionar, (como se escuchó y vio), su participación en el pacto fiscal, a cambio de que le depositen a la universidad 140 o tres mil millones de pesos más. Peor aún, tampoco puede ni debe mentir, como lo hizo, presumiendo un acuerdo que no existió. Con actos así, Villanueva daña su investidura.
El rector debe exigir, sí, pero no condicionar y no mentir. El rector debe recordar que representa a una comunidad estudiantil y académica diversa y plural, no a un grupo que ha mantenido el control interno (incluido el presupuesto), de nuestra máxima casa de estudios.
El conflicto que se vive entre la universidad y el gobierno es un sinsentido: tenemos una relación compleja con la Federación, cargamos todavía con una pandemia, la inseguridad se mantiene.
La voluntad de resolverlo no solo les toca a las partes involucradas; llamar a la cordura de las partes en conflicto, es tarea de todos. Pero hoy por hoy, el estado necesita a su gobernador concentrado en gobernar y a su rector concentrado en mejorar la calidad académica de la universidad y no a un actor político que pareciera estar arrancando motores para construir una candidatura.
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