Todos los asesinatos de los alcaldes del país han sido lamentables, pero no como la del de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, de 40 años, en la plaza llena de personas el pasado sábado 1° de noviembre, con motivo de los altares de muertos, e instantes después de que había dejado de cargar en sus brazos a uno de sus dos hijos, para dárselo a su esposa Grecia Quiroz; quien ahora lo sustituirá en la Presidencia Municipal; pues este alcalde enfrentó a los narcopolíticos y a la delincuencia organizada, como ninguno otro de los alrededor de 2,500 alcaldes del país.
Carlos Manzo, después de que la delincuencia mató a uno de sus policías municipales hace poco, los instruyó para que cuando enfrentaran a los agresores, los abatieran en el acto; lo que constituye legítima defensa, no solo de sus vidas sino legítima defensa de las instituciones; la cual es una excluyente de responsabilidad penal porque mientras los agresores no tienen absolutamente ningún derecho de privar de la vida a los policías, estos sí tienen todo el derecho del mundo a impedirlo, abatiendo al agresor.
La legítima defensa deberían todos los gobernantes explicársela al millón o más de policías de toda clase del país, para que no esperen a ser muertos por los agresores sino que en defensa propia y en defensa del Estado, repelen inmediatamente la agresión, dándoles muerte sin temor alguno a que vayan a ser encarcelados pues si bien es cierto que cometen homicidio, también es verdad que la ley los autoriza para ello; por lo que la legítima defensa es una excluyente de responsabilidad penal.
La Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, ha anunciado que entre la sociedad toda y el gobierno de los tres niveles, están elaborando el “Plan Michoacán por la paz y la justicia”, con base en tres ejes: seguridad y justicia; desarrollo económico con justicia; educación y cultura para la paz; horizontalmente, no verticalmente; pensando nosotros en que para que funcione deberá ser acompañado de la acción gubernamental, de la aplicación de la coercibilidad del derecho, que es la capacidad de las normas jurídicas de hacerse cumplir aún en contra de la voluntad de los obligados, mediante el uso de la fuerza pública, que se legítima con el estado de derecho.
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