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Viernes , 26.04.2019 / 05:51 Hoy

Cambio de frecuencia

Precampañas, no; debates, sí

Fernando Mejía Barquera

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Cada vez resulta más clara la necesidad de introducir cambios a la legislación electoral, no para revivir el negociazo que hicieron algunas empresas de radio y televisión en 2000 y 2006 al vender tiempo a partidos y candidatos durante las campañas presidenciales; sí para reducir el dispendio de recursos públicos que realizan los partidos mediante la contratación de empresas productoras de spots y jingles (el de movimiento naranja, por ejemplo, costó 319 mil pesos, según reportó El Universal); y también para eliminar los periodos de precampaña e intercampaña, ambos absurdos e inútiles: solo debería existir el de campañas, con duración no mayor a tres meses, en el cual los partidos tendrían tiempos equitativos en los medios electrónicos y los candidatos participarían en debates, transmitidos por radio y tv, organizados tanto por el INE como, de manera libre, por medios de comunicación.

Negociazo

En 2007, el artículo 41 de la Constitución fue reformado para: a) prohibir a los partidos, candidatos o simpatizantes comprar tiempo al aire para transmitir su propaganda; b) hacer que el acceso de los partidos a la radio y la tv se realice exclusivamente a través de los tiempos que corresponden al Estado; c) establecer como facultad de la autoridad electoral la asignación de espacios para los partidos dentro del tiempo oficial. En 2006 los partidos gastaron 2 mil millones de pesos en propaganda electoral de radio y tv.

Esas disposiciones deben continuar; permitir a partidos, candidatos o simpatizantes la compra indiscriminada de spots en medios sería favorecer que aquellos políticos con más dinero o ligados a grupos de poder económico saturen las frecuencias con su propaganda; eso, además de constituir un elemento de inequidad en las campañas, podría abrir la puerta a financiamientos indeseables.

Equidad

En cambio debe desaparecer la disposición contenida en ese mismo artículo donde se establecen para los partidos tiempos proporcionales en los medios: 70 por ciento del tiempo asignado a los partidos es distribuido de acuerdo al resultado obtenido “en la elección para diputados federales inmediata anterior” y 30 por ciento restante “dividido en partes iguales, de las cuales, hasta una de ellas podrá ser asignada a los candidatos independientes en su conjunto”.

Ese es también un factor de inequidad porque premia al ganador de la elección anterior en un proceso que debería ser completamente nuevo y con piso parejo para los contendientes.

Ley clara

La legislación electoral tiene que ser precisa y no dejar vacíos. El lunes de esta semana, el INE dio respuesta a una consulta hecha por el PT y Morena acerca de las actividades que los candidatos pueden realizar en los medios durante el periodo de intercampaña. La consulta se produjo luego de que Claudia Sheinbaum, aspirante a gobernar CdMx, declinó la invitación que le hizo Joaquín López-Dóriga para participar, el 15 de febrero, en un debate televisivo al que también estaban invitados Alejandra Barrales y Mikel Arriola.

Al declinar, Sheinbaum argumentó que “el objetivo principal de una mesa de discusión en la que participan precandidatos es el de contrastar propuestas contenidas en plataformas electorales, si no ¿sobre qué se va a debatir?”. Sin embargo, consideró que “presentar la plataforma de un partido político o coalición” podría ser interpretado por la autoridad como “acto anticipado de campaña”, por lo que prefirió no arriesgarse a una sanción que podría ser, incluso, la pérdida de su candidatura.

Tres meses

Como la ley no es clara en ese punto, el Consejo del INE tuvo que interpretar: decidió por nueve votos a favor y dos en contra que durante el periodo de “intercampaña” los aspirantes a puestos de elección “no podrán participar en debates… ni en mesas de análisis o redondas donde esté más de un candidato”.

La decisión, por supuesto, generó polémica, pero dejó algo claro: la inutilidad de los periodos de precampaña e intercampaña. Urgen cambios a la legislación electoral para evitar dispendio de recursos —las campañas usan dinero público— y reducir el tiempo destinado a la propaganda partidista. Hoy, en los hechos, las campañas duran ocho meses. Tres serían suficientes. El problema es que quienes elaboran o reforman las leyes son, precisamente, los partidos políticos.

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