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Jueves , 25.04.2019 / 03:46 Hoy

Entre paréntesis

El diagnóstico que falta

Fernando Escalante Gonzalbo

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No es fácil valorar el programa de centralización del gobierno porque no se puede saber qué problema se quiere resolver con eso. Es claro que el Presidente quiere controlar todo lo posible, pero es dudoso que sea siempre una buena idea. La organización territorial del poder ha sido complicada siempre, y normalmente nos hemos arreglado con un federalismo retorcido y un reparto de facultades que admite toda clase de excepciones. No sé si valga la pena tratar de arreglarlo, darle otra forma jurídica, pero si se va a cambiar algo, más vale que esté claro por qué hay que cambiarlo.

No hay un análisis que explique por qué el Ejecutivo federal debe concentrar la nómina de educación, el sistema de salud, el gasto en infraestructura, el gasto social, la seguridad. Y me temo que eso significa que nadie sabe muy bien qué consecuencias va a tener. No se puede vaciar de esa manera el sistema federal, y suponer que lo demás va a seguir igual.

Es importante en cualquier terreno, pero especialmente en lo que se refiere a seguridad. Entre otras cosas, porque el único factor de peso para explicar las variaciones en los índices de violencia es el territorial. Sorprende un poco que no haya un diagnóstico ni medio claro ni una explicación detallada de la estrategia, porque la crisis de seguridad tiene más de una década, y por lo visto el programa se ha improvisado en los últimos tres meses. Sin ningún fundamento de nada se anunció primero que habría resultados en 100 días, luego que en seis meses, luego que en tres años, pero el problema es que no hay una explicación que justifique esa expectativa.

La afirmación del secretario de Seguridad, de que se va a “policializar” al Ejército, da la medida justa del desconocimiento. La única novedad es combinar el aumento en el número de efectivos militares con tres millones de becas, una iniciativa derivada de la suposición de que los delincuentes son pobres, que se dedican al delito porque son pobres: una hipótesis emparentada con la idea de las clases peligrosas, y que no tiene mucho fundamento.

Entre las cosas que sabemos, a 12 años de distancia, es que uno de los factores que explican la crisis de seguridad es la descomposición catastrófica del orden local en casi todo el país. Es resultado de varios procesos distintos: la disolución del régimen revolucionario, los efectos múltiples de las migraciones, los cambios productivos de las últimas cuatro décadas, los cambios en el equilibro de poderes locales, regionales, estatales, y también resultado de la presencia de fuerzas federales y el correlativo debilitamiento de los alcaldes, y de la clase política local. Extrañamente, lo que se propone ahora es debilitar todavía más, de manera permanente, a las autoridades locales. Para empezar, se institucionaliza la presencia de las fuerzas federales. Pero también se pretende que todos los recursos de los programas federales sean manejados por una sola persona, uno de los 300 subdelegados, que inevitablemente representará a uno de los grupos políticos de la región —y quedarán inconformes los demás. A menos de que lo expliquen, no parece una buena receta para reducir la violencia.

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