En 2012, la administración de Barack Obama introdujo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés), que blinda de la deportación a todos los inmigrantes elegibles que llegaron a EE.UU. durante su niñez y que ha beneficiado a más de 835 mil migrantes, hoy llamados dreamers.
La comunidad dreamer es un pilar de Estados Unidos. Algunos empresarios han dicho que dar certeza legal a migrantes ayudaría a aliviar la escasez de mano de obra del país, reduciría los precios de los alimentos y crearía más empleos. Sólo en Houston hay aproximadamente 32 mil DACAS que contribuyen con $1,100 millones a la economía local, puescada año pagan $436,8 millones en impuestos estatales y $782,7 millones en impuestos federales.
Durante la pandemia su rol fue fundamental, dado que más de 202 mil dreamers trabajaron en primera línea realizando trabajos esenciales. No obstante, a lo largo de su aplicación, el programa DACA ha enfrentado desafíos serios. Ejemplo de ello es el fallo de un juez de Distrito que intentó prohibir el programa y cerró la puerta a todos los nuevos solicitantes. En 2017, el Departamento de Seguridad Nacional rescindió la expansión de DACA y la administración Trump anunció en septiembre de ese año un plan para eliminarlo. Finalmente, la Suprema Corte logró frenar las amenazas. Lo cierto es que, a pesar de que Biden es hoy el presidente, muchos de los problemas que enfrenta son reminiscencias de la era Trump, como el reciente conflicto sobre el Título 42, una medida de control fronterizo implementada por la administración pasada, que vulneró los derechos legales de los solicitantes de asilo con el pretexto de proteger la salud pública por la pandemia. Aunque el asunto está actualmente atado a los tribunales, algunos senadores estadounidenses buscan extender la orden hasta 2025.
La Administración Trump instruyó a los agentes federales de Inmigración y Control de Aduanas arrestar y deportar a la mayor cantidad posible de personas sin documentos de inmigración. Cuando la Administración Biden intentó cambiar eso, exigiendo que sólo se deportara a personas que habían cometido delitos o representaban un riesgo, los estados republicanos inmediatamente lo desafiaron por medio de jueces nombrados por conservadores, con el argumento de que la nueva política de migración violaba la ley federal de detener a todas las personas indocumentadas.
La vigente propuesta de inmigración de Biden permitiría la entrada de nuevos migrantes a los EE.UU. y, al mismo tiempo, brindaría a millones de inmigrantes que ya están en el país un camino hacia un mejor estatus legal. La legislación crearía un camino de ocho años hacia la ciudadanía para aproximadamente 10.5 millones de inmigrantes, actualizaría el sistema de inmigración familiar existente, revisaría las reglas de visas basadas en el empleo y aumentaría la cantidad de visas de diversidad.
Mientras, la reforma permanece estancada en el Senado. La fracción demócrata sigue siendo incapaz de llegar a algún tipo de acuerdo que obtenga suficiente apoyo republicano para aprobarse. El año pasado, múltiples intentos de los demócratas de incluir la reforma migratoria en su proyecto de ley de gastos sociales de línea partidaria fueron rechazados sin mayor discusión. Esto se debe a que los líderes republicanos han expresado poco interés en dar paso a una reforma migratoria.
A pesar de las celebraciones en el marco del emblemático décimo aniversario, diversos grupos de activistas lamentan que DACA no proporcione todavía un camino más transitable hacia la ciudadanía. La retórica divisiva de la que tanto demócratas como republicanos han sacado provecho político en torno a la migración ha obstaculizado una reforma integral que otorgue mayor certidumbre a la comunidad indocumentada en el contexto de confrontación que se vive en el país vecino.
Estefanía Veloz
